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El Gobierno kirchnerista facilita la entrada de narcos y terroristas en Argentina. Por Santiago Las Heras

Una nueva polémica se desató en la Argentina a raíz de la sorpresiva medida tomada por el presidente Alberto Fernández que, sin previo aviso, firmó la derogación de las medidas migratorias dispuestas por el anterior gobierno.

Según el oficialismo, aquella normativa impuesta por el presidente Mauricio Macri, impedía “el ingreso y permanencia en la Argentina de extranjeros condenados, con antecedentes en el país, especialmente, por delitos de tráfico de armas, órganos y personas, lavado de dinero y por actos de terrorismo“.

El Decreto 138 publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros de su Gabinete, deroga el Decreto 70/2017 que modificó aspectos de la Ley 25.871 que establece el régimen de la política migratoria.

Alberto Fernández afirmó que la medida: “resulta irreconciliable con la Constitución y el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.

Macri firmó el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones en enero de 2017. Dicha medida se amparaba en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales” y se creaba un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad. El argumento, en ese entonces, radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.

Alberto Fernández derogó el Decreto 70/2017 y todos los ministros del Gabinete Nacional firmaron el Decreto de Migraciones 138/2021 que elimina el endurecimiento de los controles fijados durante el macrismo.

Desde la oposición, uno de los primeros en manifestarse en contra de la sorpresiva decisión del Gobierno, fue el Auditor General de la Nación y ex candidato a Vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto: “es un disparate más, es esta visión prochavista que anda dando vueltas en algunos ministerios“, denunció el ex Senador.

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“El decreto que derogaron defendía a los argentinos, si un extranjero quiere venir a la Argentina si es un delincuente no puede entrar, si tiene antecedentes penales hay que sacarlo a patadas. Cualquier país serio defiende sus intereses, acá hay que defender a los argentinos, si un extranjero comete un delito, después que cumpla la condena hay que sacarlo del país”.

“Basta de esas políticas alegres. El inmigrante que viene de Bolivia, de Paraguay no puede venir a meterse a las villas, para vivir de los planes sociales que da este Gobierno. Hay que determinar dónde hay necesidad de trabajo para esos inmigrantes“, reclamó Pichetto.

“En el mundo no te dejan entrar en ningún lado. La Argentina es un país generoso, les da salud gratis, educación gratis, planes, plancitos, planazos, hay una visión ideológica, está entrando también gente de países africanos, están todos trabajando en el centro de la ciudad de Buenos Aires en la venta ambulante. Esta es la realidad, si no queremos verla, no la veamos, pero es una política estúpida para los argentinos”, sentenció el Auditor General de la Nación.

Por su parte, desde el oficialismo respondió al debate la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que celebró la derogación del decreto emitido durante el macrismo y respondió a los cuestionamientos ideológicos: “La oposición hace alusión a que ahora con la derogación del decreto se va a permitir el ingreso de narcotraficantes o delincuentes a la Argentina: eso es absolutamente falso”, remarcó la funcionaria.

“La política migratoria Argentina vuelve a ser un faro y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes”, aventuró Gómez Alcorta.

Dentro de las filas del Gobierno también surgieron voces disidentes cuestionando la medida presidencial. El Secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, reprochó el nuevo decreto: “No comparto el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) de Alberto Fernández. El extranjero que delinque debe ser expulsado. Si queremos que las cosas cambien, no podemos ir por este camino”, reconoció.

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“No tiene que ver con una cuestión de racismo. Yo fui el precursor de expulsar delincuentes extranjeros que se han encontrado infraganti”, confesó el funcionario al tiempo que definía que “la política de migraciones define qué tipo de país se quiere”.

Mientras tanto, la líder del PRO y ex Ministra de seguridad del Macrismo, Patricia Bullrich, se expresó a través de las redes sociales: “El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron”.

También manifestó su rechazo a la medida de Alberto Fernández, el ex Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al afirmar: “El gobierno sigue retrocediendo. Con la derogación de este decreto que impulsamos desde el Ministerio del Interior y Migraciones en 2017, lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos”.

Según datos oficiales que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) difundió a mediados de 2019, la cifra de deportados tuvo un crecimiento exponencial durante el mandato del presidente Macri, sobre todo, después de que se pusieran en marcha las medidas para endurecer los controles en enero de 2017.

Entre 2016 y 2017, la cifra de extranjeros expulsados pasó de 323 a 495 -en 2015, último año del segundo mandato de Cristina Kirchner, hubo 239 deportados-. En 2018, el dato volvió a subir: hubo  703  expulsiones.

Durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, unos 3.000 extranjeros fueron expulsados de la Argentina. Duplicó la cifra del último mandato de Cristina Kirchner (1.256).

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