El G–20 como problema de seguridad. Por Vicente Massot

Ningún gobierno que hubiera tenido que poner en práctica un ajuste de proporciones y ejecutar políticas que estaban en las antípodas de las que había prometido durante buena parte de su campaña electoral habría podido imaginar que —a un año escaso de la finalización de su mandato y con elecciones presidenciales de por medio— estaría en condiciones de planear su derrotero sin apuros ni complicaciones. El de Cambiemos —como se comprenderá— no es la excepción a la regla. De haber llegado a su tercer año de gestión con las alforjas rebosantes de éxitos, seguramente el horizonte luciría despejado. Pero como hasta aquí los resultados obtenidos por la administración macrista son magros, y las consecuencias del plan pactado de común acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son inciertas, no hay pensamiento estratégico posible. Es claro que la aspiración mayor de la Casa Rosada es la reelección. Lo acaba de anunciar —por si cupiesen dudas— el propio presidente. De tan obvio no merece la pena ponerlo de relieve. Fuera de eso, prima el corto plazo. El futuro no se mide en años sino en semanas. Se gobierna con la cabeza puesta en mañana. Esto en razón de que nadie en nuestro país está en condiciones de anticipar lo que pueda pasar dentro de quince o veinte días.

Calmado el mercado cambiario y desaparecida la sombra ominosa del default que, por espacio de meses, sobrevoló la Argentina, ahora el obstáculo que debe salvarse —por los efectos que se sucederían si acaso las autoridades tropezasen con él— es la reunión del G–20, programada para llevarse a cabo en Buenos Aires a fines de este mes. El grupo de países que nos ocupa, donde se entremezclan los más poderosos del mundo y otros insignificantes por donde se los mire, arrastra una característica peculiar: concita el odio beligerante de distintas capillas globalifóbicas que se movilizan, sin importarles las distancias que deban recorrer, con el único propósito de generar el caos en aquellas capitales donde se desenvuelva el citado cónclave.

No hay nada particularmente novedoso que no se sepa con la debida antelación en punto a su estrategia. Desde que se formaron, siempre actuaron de la misma manera. Si vistas las cosas desde un ángulo, la repetición de sus tácticas combativas evita sorpresas y da lugar a una preparación anticipada de la eventual represión, vistas desde el ángulo opuesto no deja de ser paradójico que, aun con tamaña ventaja a su favor, ninguna fuerza de seguridad del mundo desarrollado haya podido evitar que las sucesivas sedes del G–20 fueran desvastadas o poco menos.

No hay exageración ninguna en lo dicho antes. Cuanto aconteció en las dos últimas oportunidades en que se reunieron los jefes de estado de los países participantes, en Génova y en Hamburgo, hace innecesarios mayores comentarios al respecto. Si los contingentes antidisturbios de Italia y —sobre todo— de Alemania pudieron hacérseles frente sin que ello impidiese los desmanes impresionantes que fueron capaces de generar los manifestantes globalifóbicos, existen motivos de sobra para entender las preocupaciones del macrismo.

Lo que pase entre el jueves 29 de noviembre y el domingo 2 de diciembre en la Reina del Plata es la crónica anunciada de un desorden que bien podría llegar a topes inusuales. A los extranjeros que se den cita aquí con el anhelo de repetir lo que hicieron en aquellas ciudades del viejo continente, habrá que sumarles los partidos de la izquierda vernácula y diferentes agrupaciones piqueteras y kirchneristas que —casi con seguridad— secundaran esos planes subversivos aun cuando no sepan, a ciencia cierta, qué es exactamente la globalización.

Sería un verdadero milagro que, donde fracasaron Italia y Alemania, prevalezca la Argentina. Por muy creyente que uno sea y robusta resulte la suerte que acompaña a Macri, los disturbios no podrán impedirse. Entre otras razones por una que es esencial: no hay fuerzas capaces de poner coto a los violentos si, por un lado, deben mantenerse firmes en las tres líneas de contención que rodearan —como un anillo de hierro— a los lugares en donde se desarrollará el cónclave y, por otra, si deben patrullar, al mismo tiempo, los puntos neurálgicos de la urbe bonaerense en los cuales, eventualmente, podría estallar y escalar la crisis.

Desde hace un año —poco más o menos— el gobierno se ha dedicado a preparar el dispositivo de seguridad necesario, y lo ha hecho con criterio. Por de pronto, decretó feriado el viernes 30 con la idea de dejar a la ciudad capital casi desierta. El fin de semana largo, unido al temor, representan un aliciente importante para abandonar Buenos Aires por espacio de tres días. Descartó a Bariloche y a Ushuaia como sedes alternativas y —luego de un análisis pormenorizado de la zona— dejó de lado la posibilidad de que las deliberaciones pudiesen llevarse a cabo en Puerto Madero. No dudo, además, en delegar soberanía en lo que hace a los espacios aéreos. De lo contrario, ninguno de los invitados de primer nivel, desde el presidente Donald Trump al líder soviético Vladímir Putin, hubiesen aceptado venir. Por fin, a la hora de determinar quién será el responsable del operativo, no hubo dudas. La trascendencia del tema no admitía pujas entre Patricia Bullrich y Martin Ocampo sobre cómo actuar. Las desavenencias que fueron notables entre ellos cuando se puso a discusión en el Congreso de la Nación la reforma previsional, en diciembre pasado, no hay margen para reeditarlas. Ocampo quedó subordinado a la Bullrich.

En caso como estos, donde resulta imposible pensar siquiera en la posibilidad de reducir la violencia de los globalifóbicos a su mínima expresión, es pertinente preguntarse qué significa tener éxito y qué determina un fracaso con base en un criterio estatal. El objetivo principal es evitar la pérdida de vidas. Representaría un revés mayúsculo para el gobierno si hubiese algún muerto en los refriegas que habrán de generase. El escándalo, si algo así ocurriese, excedería con creces las fronteras del país y Macri quedaría mal parado. Por supuesto, el operativo de seguridad tampoco puede fallar a la hora de poner a cubierto de cualquier inclemencia a los representantes de las naciones del G–20. Más allá de los dos objetivos señalados, todo quedará abierto a debate. Si hay cortes de ruta, quema de negocios, destrozos de la propiedad pública y privada por doquier, y heridos de uno y otro bando, dependerá de cómo se los analice para determinar —desde el punto de vista de la seguridad— si el gobierno ganó o perdió.