El deshonorable aguantadero de la nación. Por Ariel Corbat

En Abril del 2015 la radiografía de la cultura institucional realizada por Poliarquía Consultores e IDEA Internacional (Institute for Democracy and Electoral Assistance), daba la pauta del principal problema de la Argentina al señalar que el 79% de los habitantes percibía que la mayor parte del tiempo se vive fuera de la ley. Potenciado ese estado de salvajismo por la preocupante discordia que implicaba el 73% de los consultados asegurando que: no hay consenso social en distinguir aquello que está bien de lo que está mal.
No me consta que esa encuesta se haya actualizado al presente, pero difícilmente los datos hayan variado mucho en el tiempo transcurrido desde entonces a hoy. Así lo ratifica la sola imagen del Deshonorable Aguantadero de la Nación, antiguamente conocido como Senado de la República Argentina, en cuyas opacas bancas encuentran asilo para evitar ir a la prisión dos ex presidentes de la Nación, Carlos Ménem y Cristina Fernández de Kirchner. Por no mencionar el caso de otro, Adolfo Rodríguez Saa, que siendo Presidente suspendió irresponsablemente el pago de la deuda externa y con la misma irresponsabilidad se desentendió del desmadre huyendo igual que rata por tirante.

Si el régimen kirchnerista logró retrotraer la Argentina a discusiones preconstitucionales, el gobierno de CAMBIEMOS -eligiendo la kontinuidad cultural- eludió dar la batalla en la centralidad del problema argentino. A tal punto que alrededor del procesamiento de CFK se hace evidente que nuestra sociedad sigue sin tener siquiera un consenso básico para diferenciar el bien del mal. Muchos, de aquel 54% que llegó ostentar en las urnas el kirchnerismo, siguen creyendo que robar está bien y lo justifican. Y esto no significa que en el restante 46% todos sean devotos de la honestidad.

El conjunto de nuestros senadores, personajes sin brillo ni convicciones republicanas, es representativo de la casta política antes que de las provincias a las que deberían representar. Ese Senado de pobres argumentaciones y fuertes intereses, por la sola inercia de la institución sobre la mediocridad de sus miembros, volverá a tener en sus manos la posibilidad de enmendar su larga complicidad con la impunidad. Veremos entonces, a falta de otra encuesta sobre el consenso social, si al tratar el nuevo pedido de desafuero de Fernández hay consenso entre los senadores para distinguir aquello que está bien de lo que está mal; o si todo seguirá siendo lo mismo.

 En relación a la seguridad vengo sosteniendo que el principal problema en Argentina no es el narcotráfico ni la corrupción, sino aquello que favorece esas y otras actividades criminales: demasiada gente que no desea vivir bajo la irrestricta supremacía de la Constitución Nacional.
No solamente es el principal problema de la seguridad, es «el problema de la Argentina». Cualquier  país habitado por personas sin conciencia cívica se expone a oscilar entre la demagogia, la anarquía y la dictadura. Argentina, con su larga decadencia es prueba de ello.
Cuando se pierde la racionalidad de pensar al país desde su Constitución Nacional hasta la misma idea de Patria se vuelve difusa, e incluso peligrosa, susceptible de ser desvirtuada como intentó el régimen durante su década infame. Y no puede haber patriotismo ni racionalidad constitucional cuando los senadores consienten que sus bancas se deshonren, poniendo a políticos corruptos en situaciones de privilegio por encima de la división de poderes y del más elemental sentido de la honestidad.
Hace años que Argentina discute sus problemas sin resolverlos y agravándolos para pasarlos de generación en generación. Lo triste, es que obra el país como esas personas que buscan sus anteojos cuando los tienen en la mano. La Argentina comenzó a soñarse cuando Don Vicente López y Planes escribió el «Oíd mortales», fue pensada con la Constitución de 1853 y se puso en práctica con la Generación del 80: evitemos buscar soluciones desde la alquimia mágica porque la Constitución Nacional la tenemos en la mano. 
Entonces dejémonos de joder con las interpretaciones retorcidas de las cláusulas constitucionales, fruto del garantismo mal entendido que venimos padeciendo por influencia de Zaffaroni y compañía, la ley debe ser interpretada para proteger la honestidad pública, porque en definitiva es la vida del honesto habitante la que hay que garantizar y no el medio de vida ilícito del delincuente; por muy presidente que haya sido.
Justificar la corrupción política, decanta siempre e inevitablemente en inseguridad pública. Hay que ser ideológicamente un parásito para frente al delincuente que se lleva el fruto del esfuerzo ajeno o sencillamente la propiedad ajena, imponer que la única reacción que deja la interpretación de la ley sea la resignación.

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Cuando un político corrupto se sale con la suya, también ampara a delincuentes lúmpenes que, lejos de robar millones a sola firma y sonreír impunes en afiches electorales, no vacilan en matar por lo mínimo. De allí que sea para celebrar que un juicio por jurados le haya devuelto algo de sentido común a la interpretación de la legítima defensa.

La igualdad ante la ley no es matemática, es igualdad en igualdad de circunstancias, y entre el delincuente que perpetra un acto delictivo y el honesto que reacciona no hay ni puede haber igualdad de circunstancias. El víctimario sigue siendo victimario y la víctima sigue siendo víctima, incluso cuando mate al victimario.

El mismo sentido común, aplica para el caso de las inmunidades legislativas; no las pusieron ahí los constituyentes como un absoluto para que políticos corruptos queden impunes, sino confiando en la honorabilidad de cada Cámara. Esa cámara que, debiendo ser Alta (en todo el sentido de la expresión) elige -por no distinguir el bien del mal- el rastrero desatino de ser elDeshonorable Aguntadero de la Nación.

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