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EL DERECHO DE PORTAR ARMAS ES ESENCIAL PARA LA SEGURIDAD CIVIL. Por Cosme Beccar Varela

Las llamadas balas perdidas han caudado en los últimos cinco días cuatro muertos y cinco heridos en todo el país (Colprensa-Raúl Palacios)

Acabo de publicar en “Correo del Lector” (Nro. 6146, del 4/12/2019) un excelente artículo del Sr. Ariel Corbat aparecido en www.prisioneroenargentina.com.ar , página editada por el Comisario Mayor Claudio Kussman. El asunto es de la mayor actualidad pero las posibilidades de que sea reconocido el derecho a la defensa propia armada son muy remotas. De todas maneras, no es algo imposible ni es verdad que ese reconocimiento convertiría a la argentina en una especie de “Far West”.

Lo que es verdad es que un hombre desarmado no es realmente libre y una sociedad de hombres desarmados es presa fácil de los tiranos y de los delincuentes que siempre están armados, sin hacer caso de las leyes. Las que se han dictado en la país obligando a interminables trámites para poder simplemente tener un arma y dejando librado al arbitrio de burócratas de ideología desconocida la facultad de negar ese derecho han sido la obra de gobiernos supuestamente «democráticos», pero dominados por la izquierda, y también de los gobiernos militares.  Peor todavía es la situación del derecho de portar un arma. «Tener» un arma si no se la puede llevar como se lleva la billetera para hacer pagos, es casi lo mismo que no tenerla. Y en este momento, poderla llevar consigo es más necesarios que nunca por el aumento espantoso de los asaltos armados por parte de criminales desalmados que matan casi por el gusto de matar.

El 13 de marzo del año 2001, en el nro.114 de este periódico escribí un artículo titulado: «DEFENSA CIVIL CONTRA LA OLA DE DELINCUENCIA» en el cual incluía un esbozo de una ley que reconociera el derecho de portar armas y otorgara a los que deban usarla en defensa propia o de terceros agredidos, el derecho de ser tratados con la consideración que se le debe a un servidor de la Justicia y no, como ahora ocurre, que los Jueces se ponen sistemáticamente de parte del delincuente.

El esbozo decía así:

«Es evidente que si los criminales supieran que una gran parte de la población civil está armada y sabe cómo usar las armas, dudarían mucho antes de cometer un asalto. Y es muy posible que el número de éstos disminuyera. Además, es muy posible también, que se pueda ayudar eficazmente a las víctimas durante la comisión del delito y que se pueda detener a los criminales inmediatamente después de cometido el crimen. Asi es en Israel, donde los asaltos casi no existen porque la población civil está armada.

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«El sistema legal para que esto sea posible debería tener en cuenta los siguientes recaudos mínimos:

«1) Toda persona que lo desee -y se debería incentivar que lo deseen todas las personas de bien- podrá portar un arma siempre que cumpla con los siguientes requisitos: a) ser mayor de edad y físicamente hábil; b) estar psíquicamente sano; c) tener una educación suficiente para comprender las bases de lo que es una convivencia civilizada; d) no tener condenas penales y d) recibir instrucción sobre la manera, oportunidad y condiciones para el uso del arma. El tener una familia establecida hará especialmente recomendable el otorgamiento de la licencia para portar de arma.

«2) Esas personas deberían concurrir al menos una vez cada tres meses a recibir instrucción de lo mismo y revalidar su autorización del uso del arma. Para facilitar la instrucción, las Fuerzas Armadas y la Policía deberá abrir centros ad hoc en cada Comisaría, cuartel, clubes de tiro y otros lugares que se habiliten al efecto. Los instructores, a su vez, deben ser cuidadosamente seleccionados y controlados por sus superiores para asegurarse que su enseñanza sea eficiente y conforme a las normas legales y de prudencia.

«3) La persona que tenga porte de armas tendrá derecho a defenderse ella, a su familia, a sus vecinos y a cualquier otra persona que sufra una agresión criminal evidente. Podrá efectuar arrestos ciudadanos, cosa que ya permite el art. 240 del Código Penal.

«4) En caso de verse obligado a actuar en defensa propia o de terceros y como consecuencia de ello, deba herir a un delincuente o aún darle muerte si no hubiera otra defensa, el sumario que se abrirá será tramitado sin prisión preventiva del responsable ni suspensión de la licencia. No se debe exponer a la persona a represalias. Si se debe secuestrar el arma para peritajes, se le proveerá otra. Se admitirán las presunciones como prueba a favor de la razonabilidad del uso del arma y será tarea del fiscal probar que hubo un exceso deliberado o alguna otra forma de delito.

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«5) La licencia se perderá en caso de que la persona haga un uso indebido del arma o si no concurriera a los entrenamientos trimestrales o si presentase irregularidades psíquicas o de conducta o si incurriese en algún delito o por cualquier otra causa que tornase vidente que la persona no es capaz de usar el arma en defensa propia o de terceros.

«En base a este esquema podría proyectarse una ley de Defensa Civil contra la delincuencia.

«Esto ya no se puede demorar más. El crimen crece día a día y los criminales son cada vez más numerosos, más agresivos y perversos.

«Para peor, con la ley demagógica del «2X1» (o sea, computar un año de cárcel como si fueran dos) ha dicho el Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires que «quedarán en libertad unos 8.000 delincuentes y, si esto ocurre, ahi sí no tenemos un plan de seguridad que pueda dar respuestas» («La Nación», 13/3/2001, pag. 113).

«A confesión de parte, relevo de prueba: la Policía de la Provincia de Buenos Aires – que es el lugar donde se cometen la mayor parte de los delitos – reconoce que no tiene forma de defender a los ciudadanos. Es hora de poner en práctica esta propuesta. No hacerlo, por timorata cobardía y falta de imaginación, sería hacerse corresponsable de todos los crímenes que se cometan de aquí en adelante.»

Este esbozo fue publicado hace casi 20 años. No se hizo nada de eso sino todo lo contrario y, como ahí mismo lo predecía, la delincuencia ha aumentado y se ha hecho cada vez más cruel. Al mismo tiempo, la confiabilidad de los funcionarios del Estado es cada vez menor por lo cual es vez de exigir un reválida cada tres meses, ahora propongo una por año y que deje de ser exigible cuando el ciudadano haya demostrado durante cinco años de aprendizaje continuo y uso intachable del arma, que no necesita nuevas reválidas.

Si tuviéramos un buen gobierno -cosa casi imposible, puesto que los gobernantes se eligen entre los políticos- algo como lo indicado en el «esbozo» que antecede debería hacerse urgentemente. Sin eso, seguiremos en manos de la delincuencia y la inseguridad personal irá «in crescendo».