El default a la vuelta de la esquina. Por Vicente Massot

No es tarea fácil —en rigor, nunca lo ha sido— desentrañar que se trae entre manos el kirchnerismo cuando calza el coturno y le adelanta a los organismos de crédito internacional o, como en este caso, a los tenedores de bonos con jurisdicción extranjera su propuesta de pago de la deuda pública argentina. La presentación de fines de la semana pasada, hecha a medias por el titular de la cartera de Hacienda y a medias por un presidente al cual cada día le cuesta más abandonar el micrófono, no ha sido —ni mucho menos— la excepción a la regla. Si uno se dejaba llevar por la letra fina del texto que elevó el gobierno y las exposiciones —algo deshilachadas— de Martín Guzmán y de Alberto Fernández en la quinta de Olivos, daban toda la impresión de que iban de guapos. En caso de tomarse al pie de la letra el prólogo discursivo que hicieron los dos funcionarios mencionados y el proyecto de repago en si mismo, el mensaje no podía ser más claro: tómenlo o déjenlo, en los próximos tres años no podemos pagar un dólar y en el cuarto nos comprometemos a abonar tan sólo U$ 300 MM. Una verdadera cargada o una provocación.

Pero también cabía suponer que la administración a cuya cabeza revista Alberto Fernández había hecho los deberes con base en la creencia de que es menester sentarse a negociar enarbolando una posición de máxima, para luego dar lugar a un acuerdo que con temple las condiciones de mínima fijadas de antemano, aunque secretas para el gran público y —sobre todo— para los que tomaran asiento del otro lado de la mesa. Si este fuera el caso —que no podía descartarse de antemano— no había ni cargada ni tampoco provocación ningunas. Bien mirada las cosas, era una invitación a limar asperezas y conciliar posiciones de suyo diferentes

Lo que estaba claro desde un primer momento era que, tal cual se halla redactado el ofrecimiento criollo, sería rechazado in limine. La reacción de tres grupos diferentes de bonistas, los cuales en conjunto suman algo así como 40 % de las tenencias con derecho a voto, no se hizo esperar. Aunque su respuesta distó mucho de ser uno de esos portazos con los que un negociador airado clausura toda posibilidad de entendimiento. Por el contrario, el llamado a las autoridades de nuestro país a obrar con buena voluntad y los considerandos expresados en la nota que se conoció el lunes de mañana dejaban abierta la puerta, de par en par, a los efectos de hacer todos los esfuerzos posibles con el propósito de llegar a buen final. La pelota se hallaba, pues, del lado argentino.

Con idéntica celeridad a la de los grupos de bonistas, Martín Guzmán no tardó en hacerles saber, en el día de hoy, que no habrá una nueva propuesta en razón de que “ofrecer más no se puede porque no es sostenible”. Así de claro y terminante. Lo que dejan transparentar sus palabras es la posición —al parecer definitiva— de la administración kirchnerista. Está visto que la oferta era a todo o nada, y que, al menos de momento, la negociación se halla estancada. Si bien es cierto que hasta el 22 de mayo mucha agua ha de correr bajo los puentes.

En cualquier otra nación del así llamado mundo occidental, imaginar que las preferencias de un gobierno en trance semejante al de Alberto Fernández pudiesen decantar en favor de un nuevo default sería, lisa y llanamente, inconcebible. Pero, entre nosotros, si a la serie ininterrumpida de incumplimientos en los que hemos incurrido en los últimos setenta años se le suma la componente ideológica, lo inimaginable en otras latitudes se vuelve no sólo posible sino probable. La idea que anida en la mente de los maximalistas del Instituto Patria y también en la del presidente y el ministro Guzmán es esta: ya estamos en default y fuera del circuito de países con acceso al crédito, de modo tal que transformar el default virtual —al que hizo referencia el presidente, flanqueado en la oportunidad por Cristina Kirchner, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y el propio Martín Guzmán— en real no cambiaría demasiado la gravedad del problema. Por lo que valga en estos momentos, Eduardo Duhalde expreso días atrás una postura similar.

Mientras tanto, la economía —como era de prever— se derrumba a pasos agigantados, amenazando con terminar en una verdadera catástrofe. Apenas transcurrido un mes desde la puesta en marcha de la cuarentena dura —de la que se ha enamorado el presidente— las personas que necesitan asistencia alimentaria pasaron de ocho a once millones. Vistas las cosas desde el lado opuesto del mostrador, 87 % de las empresas presentan dificultades para abonar los sueldos del mes en curso; la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos superan con holgura el 50 %, mientras las industrias automotriz, metalúrgica y textil caen 75 % respecto de igual mes de 2019. Como si ello fuera poco, se dio a conocer anteayer la preocupación de los CEOs de los principales grupos empresarios nacionales y extranjeros. Su pesimismo es poco menos que absoluto en cuanto a lo que se avecina.

En medio de una crisis pavorosa, los sindicatos entienden mucho mejor que el gobierno las necesidades perentorias de empleados y empleadores a la hora de convenir nuevas condiciones de trabajo. Lo que hubiera sido impensable antes de la pandemia, hoy nadie está con ánimo de discutirlo. Las suspensiones, las rebajas salariales, la quita de horas extras, y hasta los despidos, están a la orden del día. No es que los Amadeo Genta, Antonio Caló, Armando Cavalieri y tantos otros hayan traicionado a sus bases y se hayan pasado con armas y bagajes, de manera descarada, al bando empresario. Su realismo les dice que es mejor que las fábricas puedan seguir abiertas —las pocas a las que se les permite hacerlo— o se encuentren en capacidad para reabrir cuando se levante —algún día— el encierro societario, que no ceder un tranco de pollo y así echar nafta al fuego. Duchos en la materia, a pocos —si acaso a alguno— se le ocurriría en estos momentos gravar fortunas con un nuevo impuesto.

En dosis homeopáticas —casi podría decirse con cuentagotas— el gobierno flexibiliza una cuarentena con la que —si aguanta el humor de la gente— deberemos convivir por lo menos dos meses más. Alberto Fernández se aferra con cierta razón al escaso número de muertos y no quiere oír hablar de abrir las compuertas del aislamiento obligatorio a sectores masivos de la población. Tiene terror de que escalen los fallecidos y el crédito que le ha extendido buena parte de la ciudadanía se le escurra como agua entre las manos. Este es su libreto y no piensa cambiarlo a corto plazo. A contramano de lo que planean hacer el primer ministro italiano a partir del 4 de mayo, Pedro Sánchez en España a partir del 9 de este mes, y Emmanuel Macron en Francia desde el día 11, aquí la idea no hace pie.

Con lógica abierta a debate, en aquellos estados las urgencias de la economía han terminado por prevalecer sobre la opinión de los médicos, siempre cautos a la hora de poner fin al aislamiento social. En estas playas, a la inversa, el respetabilísimo trust de epidemiólogos que rodean al presidente —a los cuales éste consulta a diario— opina que no ha llegado el momento de ser laxos. Ya habrá tiempo —razonan— para abrir algo más que una rendija en ese por ahora sólido muro de contención construido para evitar el crecimiento del índice de contagios y defunciones. Entre las razones de los especialistas en virus —por llamarles de alguna manera— y las de los empresarios, monotributistas y economistas —que, por momentos, parecen súplicas— el presidente no ha dudado. Si ha tomado el camino correcto o está cometiendo un error de proporciones sólo el curso ulterior de los acontecimientos lo dirá. Pero sea lo uno o lo otro, nada disculpa la falta de un plan con arreglo al cual actuar. Claro que si el gobierno no lo tenía ni siquiera en borrador antes de la pandemia, ahora es como pedirle peras al olmo.