El carnaval de los dictadores. Por Carlos Sánchez Berzaín.

Los gobernantes no democráticos del socialismo del siglo XXI, o proyecto bolivariano en América Latina, ejercen y se aferran al gobierno con sus propias normas, las que han creado,  una legislación con la que suplantaron el «estado de derecho» que estaba vigente cuando llegaron al poder.  Esto presenta un escenario en que los violadores de la ley y la democracia se amparan en disposiciones jurídicas que prepararon especialmente para su beneficio, se protegen con ellas al margen de todo principio de respeto a los derechos fundamentales.  Se trata de su «legalidad que no es lícita ni legítima», que ha hecho desparecer la igualdad jurídica de los ciudadanos y hace impunes a los gobernantes.  Es un carnaval jurídico, el carnaval de los dictadores.
Carnaval es la fiesta popular,  la celebración que precede a la cuaresma cristiana, la de las mascaradas, bailes, farras, comparsas, bullicios y regocijos, es por su propia naturaleza de simulación y fantasía. El carnaval representa un «periodo de permisividad y cierto descontrol», una ruptura simulada de la normalidad y por eso su característica de máscaras y disfraces.  Es un hecho ficticio y esencialmente temporal, debería ser una fiesta de tres días pero es tan interesante y atractivo que hay lugares donde puede durar hasta tres semanas. Esta fiesta del desenfado, ha dado lugar a un concepto de contenido más serio que representa y sirve para señalar un «conjunto de informalidades y actuaciones engañosas».
Es precisamente el propósito y la naturaleza de simulación y engaño la que muestra como «institucionalidad jurídica de carnaval» a la creada por los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.  Son ordenamientos jurídicos integrados por normas que en estados democráticos nunca hubieran sido siquiera propuestas, no hubieran sido aprobadas, y en caso de alcanzar condición legal, hubieran sido denunciadas por la prensa libre, condenadas por la opinión pública, y pronta y definitivamente anuladas y/o corregidas por el órgano judicial o por el encargado del control de constitucionalidad.
El problema radica en que los «ordenamientos jurídicos de carnaval» están vigentes -por muchos años- en los estados sin democracia, controlan la vida y patrimonio de sus ciudadanos y respaldan los atropellos de los gobernantes que se presentan como presidentes cuando en que verdad son dictadores.  En el carnaval de farándula un «bando bufo» es una proclama o declaración «cómica cercana a lo grotesco», pero en el carnaval de los dictadores del socialismo del siglo XXI son acciones de cada día, casi de cada acto de gobierno, de cada abuso, de cada violación de los derechos fundamentales, de cada acto de corrupción legalizado, de impunidad.
Recordemos las denominadas «leyes habilitantes», la mayoría con efectos jurídicos vigentes, que en Venezuela permitieron a Hugo Chávez y Nicolás Maduro gobernar dictatorialmente llevando el país a la crisis económica en la que se hunde.  Basta revisar que la última «ley habilitante antiimperialista» otorgó a Maduro «poderes suficientes para defender la paz y el desarrollo integro de Venezuela ante la amenaza de EEUU» (no es un bando bufo, es solo un ejemplo de las leyes de carnaval).  Pese al control absoluto de todos los órganos del estado hasta el 5 enero pasado, Chávez y Maduro usaron las leyes habilitantes a discreción.
La organización de defensa de la libertad de prensa Fundamedios de Ecuador, reporta en censuracom.ec que en el año 2015 Rafael Correa y su gobierno cometieron 377 agresiones contra la prensa libre, amparados en la «ley mordaza», cuyo contenido y aplicación la presenta como ejemplo del fantástico ordenamiento jurídico para blindar una dictadura, que entre sus perseguidos y exiliados tiene periodistas por columnas de opinión y trabajos de investigación, empresarios cuyos medios de comunicación siguen en poder del gobierno y dirigentes indígenas.
El Gobierno de Nicaragua acaba de expulsar del país al director para los programas de América Latina de la organización promotora de los derechos humanos Freedom House, para impedirle que se reúna con la sociedad civil. El hecho ha sucedido una semana después de que Feedom House calificó a Nicaragua como «parcialmente libre».  El jefe del estado Daniel Ortega tiene ya aprobada su reelección lograda por simple procedimiento legislativo para perpetuarse en el poder.
En Bolivia el gobierno maneja una campaña de abusos y miedo, buscando modificar su propia constitución de carnaval de 2009 con un referéndum que permita la permanencia indefinida de Evo Morales.  El control total del denominado Tribunal Supremo Electoral, de su propia creación y sometido totalmente al gobierno, es la esperanza de que el fraude logre lo que los bolivianos NO quieren.  La corrupción de Evo Morales ya no se disimula: el último escándalo del «jefazo», sexo, créditos, cientos de millones de dólares y negocios con la China es sin duda el «carro alegórico» más importante de un carnaval que el oficialismo pretende disimular con más «bandos bufos» que ya nadie cree.
El dictador cubano Raúl Castro ha dejado en Francia la señal perfecta de su carnaval de 57 años con su nieto guardaespaldas Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y las amenazas denunciadas por el periodista Hugo Clement, quien cuando reclamó diciendo «es la libertad de prensa señor, no estamos en Cuba» recibió la respuesta «tienes suerte de que no estamos en Cuba…estarías muerto».
Carnaval de los dictadores, carnaval continuo pero no perpetuo ni impune.
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