Dos polémicas diferentes. Por Vicente Massot.

No siempre los errores en política se pagan de igual manera. Puede ocurrir que un gazapo fenomenal carezca de consecuencias importantes y, en cambio, una equivocación mínima resulte el principio del fin de un gobierno. Todo depende de las circunstancias y, por supuesto, de la buena o mala suerte que acompañe a esos yerros.

Hasta ahora la administración macrista sólo había tropezado en el tema de los dos nombramientos por decreto como jueces de la Corte Suprema de Justicia, de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Si bien nadie entiende por qué el presidente se arriesgó, sin necesidad alguna, a mover dos piezas de la manera inconsulta en que lo hizo para luego, a la primera de cambios, dar marcha atrás, su traspié no pasó a mayores. A lo sumo deberá consensuar en los próximos meses, con los senadores peronistas, un tribunal de entre siete y nueve integrantes, nada más.

La semana pasada un cruce silente en el gabinete nacional se tradujo en la segunda pifia de consideración desde el 11 de diciembre a la fecha. En punto a las formas, se repitió lo hecho con la Corte: mientras unos pocos —Macri, Prat Gay y Rodríguez Larreta— sabían lo que se cocinaba, otros —tan importantes como los primeros— estaban en ayunas, ajenos por completo a la cuestión. En cuanto al fondo, también hubo un calco, si se lo compara con las polémicas designaciones de Rosatti y Rosenkrantz.

El asunto no es otro que el aumento de la coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires, justificado —según sus autores— por el traspaso de la Policía Federal al gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Las cosas ocurrieron más o menos así. En tanto Emilio Monzó y Rogelio Frigerio —los únicos hombres verdaderamente políticos con los cuales cuenta Macri— se hallaban abocados a forjar acuerdos estratégicos con una mayoría de los senadores justicialistas que a esta altura poco o nada tienen en común con el kirchnerismo, hete aquí que el decreto 194/2016 les dio una razón, tanto a los gobernadores como a los senadores, no para poner fin a las negociaciones pero sí para abrir un compás de espera.

El decreto mencionado —traducido en la entrega de fondos a la capital federal— estancó las conversaciones y produjo un roce entre el ministro de Economía —Alfonso Prat Gay— y su secretario de Hacienda —Gustavo Marconato—, por un lado, y Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, por el otro. Por de pronto, el timing para poner en marcha la medida que suscitó el encono de los peronistas no parece haber sido el indicado. Además, al no haber existido una simple coordinación entre Hacienda e Interior, sucedió que Frigerio se enteró por el pampeano Carlos Verna —a punto de reunirse con él— de lo que habían decidido Prat Gay y Macri, sin avisarle.

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Como la intención del gobierno —fruto de la necesidad imperiosa que tiene de vertebrar alianzas sólidas en el Congreso— es ayudar a la división de los peronistas ortodoxos respecto de los kirchneristas recalcitrantes; y de su lado, el propósito de la totalidad de los mandatarios provinciales es recibir fondos del gobierno central, las dos partes están llamadas a entenderse, tarde o temprano. El oficialismo hace la misma cuenta que el PJ: entre Cambiemos, el Frente Renovador y el peronismo tradicional —por llamarle de alguna manera— se puede armar la mayoría que requiere el gobierno para derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, entre otras. A su vez, ello le abriría la caja a las provincias para administrar el ajuste que se viene.

Tal cual se presenta el panorama, se da un típico caso en donde a los actores no los une el afecto ni el odio —para evitar los extremos. Antes bien, los acercan necesidades diferentes, aunque necesidades al fin. En esta puja —que eso es— el oficialismo lleva la ventaja sobre un peronismo que —por más que proclame fortalezas— sigue atontado en virtud de su derrota. Es cierto que la torpeza pasajera del mencionado decreto gubernamental ha sido un acicate para unir a dirigentes que en cualquier otra circunstancia no cruzarían siquiera saludos. El costo de las desinteligencias del macrismo sin duda ha fortalecido, en algo al menos, la idea de la unidad peronista. Con todo, los seguidores del mítico general no se llaman a engaño. Saben que, en cuanto hace a la coparticipación, habrá algunos pataleos y luego todos fumarán la pipa de la paz. Es que nadie está en condiciones de imponerle al otro una paz cartaginesa. Lo que se avizora —por complicado que sea— es un acuerdo, no un diktat.

Dos datos resultaron llamativos en el proceso en el que están inmersos los distintos sectores que pueblan el peronismo, dispuesto a discutir su reorganización —y eventualmente su unidad— de cara a los comicios de 2017. El silencio respecto de la detención de Milagro Sala en Jujuy, a quien nadie salió a defender —salvo, claro, el kirchnerismo, siempre dispuesto a quebrar una lanza en su favor—; y, en segundo término, la reunión de gobernadores del PJ con la intención indisimulada de formar un bloque de hecho, separado del que preside en la cámara baja el representante de Cristina Fernández, Héctor Recalde.

Si no fuera por lo que significa para el kirchnerismo la emblemática organización Túpac Amaru y la situación privilegiada que gozó a la hora de recibir prebendas durante los doce años de gobierno K, el que los capitostes del peronismo hubieran mirado para otro lado cuando apresaron a la dirigente norteña no hubiera llamado la atención. Pero Milagro Sala fue desde 2003 una intocable y el coro de alabanzas que la acompañó lo integraron, en esos años, muchos de los que hoy se hacen los distraídos. No se trata de acusarlos por el doble estándar de conducta. Sencillamente a lo que apunta el comentario es a poner en evidencia de qué forma comienzan a abrirse las aguas en el justicialismo.

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Otro tanto pasará cuando se convoque al Consejo del PJ para iniciar el proceso de renovación de sus autoridades y se reúnan los mandatarios provinciales en el curso de esta o la próxima semana. En realidad, no son matices los que separan a los ortodoxos de los kirchneristas y a los dos del Frente Renovador. Con Sergio Massa, más allá de las críticas que le enderezaron, inmediatamente después de las declaraciones efectuadas por Macri en Davos, los canales de comunicación están abiertos. Con los K, hay diferencias insalvables que saltan a la vista aunque todavía no hayan sido motivo de discordia explícita. Pero lo serán a corto plazo con base en la Cámara de diputados de la Nación.

En una palabra, si por un lado crece la polémica entre el gobierno y los gobernadores por los motivos comentados, la misma está destinada a solucionarse. No hay posibilidad alguna de que la cinchada que hoy los mantiene en veredas enfrentadas no se resuelva. Inversamente, la discusión de puertas para adentro del peronismo —con Massa incluido como tercero en discordia— seguirá su curso durante todo este año y — al menos— parte del próximo, sin solución de continuidad.

La diferencia estriba en lo siguiente: en tanto con la coparticipación no se juega y el envío de más o menos fondos no puede dilatarse en el tiempo —como si éste fuese un elemento neutro—, el peronismo puede estar desunido cuatro años más sin que vaya a morirse nadie. La responsabilidad de quienes deciden las políticas públicas y deben administrar fondos para cumplir con las necesidades del país y de la gente, no admite punto de comparación con las peleas de un conjunto de dirigentes desvencijados que al conjunto de la sociedad le aportan poco o nada.

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