Dos cuestiones. Por Vicente Massot.

Hay dos temas que cobraron notoriedad a partir de la asunción de Mauricio Macri y que, desde entonces, no han hecho más que escalar en la consideración pública, sin solución de continuidad. Están en el centro de la escena y, dada su importancia, seguramente no se moverán de ese lugar por mucho tiempo. No se sacan ventajas en punto a su trascendencia y no tienen, entre sí, nada que ver el uno con el otro. El primero está directamente relacionado con el poder judicial; el segundo con la evolución de la economía. Se habla, en todos lados, de qué tanto avanzarán los magistrados federales de Comodoro Py contra la flor y nata del kirchnerismo, y de cuál será el papel que, en este orden, jugará el gobierno. Asimismo, es materia de debate la naturaleza y los eventuales alcances del plan económico.

Vayamos por partes. La semana pasada el ministro de Justicia hizo unas declaraciones que a ninguno de esos jueces le pasaron desapercibidas. El titular de la mencionada cartera los notificó —cierto que de manera elíptica— que la administración de Cambiemos espera que imiten la decisión tomada por Norberto Oyarbide. Por supuesto, no dio nombres ni especificó si el deseo oficial alcanzaba a la totalidad de quienes hoy son dueños y señores en Comodoro Py. Tampoco hacía falta. Bastó que Garavano pusiera la cuestión en el tapete para que cada uno de los involucrados hiciera su composición de lugar.

De momento, el oficialismo carece de los nueve votos que necesita en el Consejo de la Magistratura para removerlos. Pero no se halla lejos de alcanzar ese número; apenas le falta un voto. De modo que las especulaciones están a la orden del día. Es evidente que la pésima imagen de los jueces federales los convierte en blancos fáciles. Nadie movería un dedo por la permanencia en los cargos que detentan, y el gobierno lo sabe. En otras circunstancias, seguirían los pasos de Oyarbide en el curso del año. Pero con todas las causas abiertas, por efecto de la corrupción kirchnerista, su suerte no está echada. De ellos dependerá, en los próximos meses, si Cristina Fernández, su hijo Máximo, Julio De Vido, Lázaro Báez, Aníbal Fernández y el ex–vice, Amado Boudou —cuando menos— vayan presos o sigan en libertad. Nada más y nada menos.

En semejante contexto no parece lo más atinado para una administración que debe hacerse cargo de las reacciones que ha comenzado a generar, en parte de la sociedad, el ajuste económico, abrir un nuevo frente de combate. Por lo menos hasta el segundo semestre no habrá novedades al respecto. La posición de la Casa Rosada es sentarse y ver qué hacen, en especial, tres magistrados: Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Julián Ercolini. En razón de las causas que tienen entre manos.

Pasemos ahora al tema siguiente. No está escrito en ningún lado y no hay ejemplos históricos significativos capaces de demostrar la validez de un tópico que se repite sin cesar —y, muchas veces, sin pensar— cuando un gobierno de estreno pone en marcha reformas de carácter estructural en materia económica, social, judicial o política. Según se dice, cuanto no se realiza en los primeros cien días, no se realiza nunca más. Sería cierta la sentencia si afirmase, en cambio: después de los primeros cien días todo se hace más difícil. Carlos Menem tardó un año en dar con Domingo Cavallo. Aquello mismo en lo cual habían fracasado Miguel Roig, Néstor Rapanelli y Erman González —por razones que no viene a cuento discutir—, no fue óbice para que triunfara el economista llegado de Córdoba y se convirtiera, junto al riojano, en la personalidad más destacada de la década del ’90 del siglo pasado en la Argentina. Otro tanto le sucedió al general Juan Carlos Onganía: a la fallida experiencia inicial de Salimei le siguieron los años exitosos de Krieger Vasena.

Este brevísimo repaso histórico cobra sentido en razón de las dudas que genera la política desarrollada por Alfonso Prat Gay —con la anuencia de Mauricio Macri, se entiende— no tanto entre los enemigos de la actual administración sino entre muchos de los más distinguidos economistas del establishment criollo. Partidarios casi en su totalidad del macrismo y confesos votantes de la fórmula ganadora en noviembre, piensan éstos que la oportunidad dorada que posee el gobierno de transformar el país corre un riesgo serio en virtud de las insuficiencias del plan económico puesto en ejecución.

El núcleo duro de las críticas se concentra en la inexistencia absoluta —o poco menos— de un ajuste fiscal y en el gradualismo escogido para desenvolver en el tiempo las correcciones tarifarias y de subsidios que se han anunciado y ejecutado hasta el momento. La idea de que mañana será tarde para sincerar las variables que —por temor al costo social que eventualmente podrían tener— el gobierno ha decidido dejar en veremos, permea todo el razonamiento de los impugnadores amigos, por llamarles de alguna manera.

La respuesta que les llega desde los despachos oficiales es doble: por un lado, hay una notable diferencia en términos del análisis respecto de cuánto ajuste es capaz de tolerar la sociedad. En el macrismo creen que han tocado el límite y que ir más a fondo podría resultar contraproducente. Enfrente existe la convicción de que el gobierno se autoimpone una limitación ficticia. Allí donde unos piensan que los sectores más castigados no resisten más presión, los otros aducen que un ajuste con cuentagotas supone repetir padecimientos una y otra vez.

Los tiempos de la justicia seguramente irán con mayor rapidez, comparados con los de la economía. Para saber si las medidas implementadas desde el Palacio de Hacienda han tenido o no éxito, habrá que esperar hasta el último trimestre de este año. En cambio, lo que suceda con la plana mayor del kirchnerismo lo conoceremos —a más tardar— a fines del semestre en curso.