De reacomodamientos y transferencias. Por Vicente Massot

No hay razones a prueba de balas para demostrar que la suelta de presos a la que asistimos desde el pasado 11 de agosto —día en el que se substanciaron las internas abiertas— sea consecuencia necesaria de la victoria electoral de Alberto Fernández. Desde el viejo Aristóteles a la fecha, la lógica clásica ha enseñado siempre que la idea según la cual aquello que viene después de es consecuencia de, no resiste el análisis. Pero —claro— tratamos de la Argentina y de sus jueces, no del sistema judicial suizo y de sus magistrados. Por lo tanto, si bien las pruebas —como se comprenderá— no existen ni existirán, hay motivos para pensar que, en el súbito cambio de criterio para considerar los alcances de las prisiones preventivas, la política le ganó al derecho por escándalo.

Es difícil atribuirle a la casualidad el hecho de que los mismos jueces, que pensaban una cosa hasta que se conocieron los resultados de las PASO, obraron semejante giro en menos de lo que canta un gallo. Si hubiera sido uno solo el que, por cobardía u oportunismo, hubiera decidido borrar con el codo lo que antes había escrito con la mano, a esta nota podría tenérsela por conspiracionista. Sin embargo, de buenas a primeras, los que ayer decían blanco y hoy dicen negro, son legión. —No, no es fruto del azar el fenómeno de marras que —bueno es reconocerlo— se ha repetido entre nosotros desde tiempo inmemorial. La mayoría de los magistrados federales se alinean siempre con el poder de turno sin dar explicaciones ni pedir disculpas.

El que Fernando Esteche, Fabián de Sousa, Cristóbal López y Gerardo Ferreira —por nombrar a los más representativos del lote de liberados— se encuentren en sus domicilios particulares, o próximos a dejar la prisión en la que se hallaban, es producto menos de la
capacidad de sus letrados que del doble estándar de conducta de los jueces involucrados en las causas que les competen.

Quien suponga que el candidato kirchnerista tuvo participación en el asunto, se equivoca. Le basto decir, antes de las PASO, que era necesario poner en capilla a algunos magistrados por la parcialidad de sus fallos, para que casi todos los federales pusieran las barbas
en remojo. Al mismo tiempo, quien suponga que cualquiera de los arriba nombrados o —mucho más— de los tres miembros de la familia Kirchner vaya a ser condenado después del 11 de diciembre, sería un ingenuo. El principal accionista de Electroingeniería, sintiéndose impune —y en eso lleva razón— no pudo ser más claro en sus declaraciones. Dijo que, a semejanza de lo que sucedió con la causa AMIA, la de los cuadernos quedará en el limbo.

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Era de esperar que, en consonancia con el brutal cambio en la relación de fuerzas que produjo la última elección, no sólo las prácticas camaleónicas se pusiesen a la orden del día en Comodoro Py. En la UIA, con Miguel Acevedo a la cabeza, parte del empresariado ha decidido sumarse al pacto social que parece ser la clave de bóveda del plan económico del próximo gobierno. La foto del hombre de Aceitera General Deheza retratado en Tucumán riéndose a las carcajadas con Alberto Fernández, el dueño de casa —Juan Manzur— y Héctor Daer de la CGT, hace un par de semanas, valió más que cien explicaciones. Los que estuvieron —indistintamente— en los últimos sesenta años con Krieger Vasena, Gelbard, Martínez de Hoz, Grispun, Cavallo, Lavagna y Dujovne —sin diferencias de matices- no iban a romper justo ahora la regla de oro de su conducta. Estarán, pues, junto al nuevo ministro de Economía, quienquiera que éste sea.

No son ni buenos ni malos. Sólo acomodaticios en un país donde el poder de decisión del Estado es de tal naturaleza que disciplinar a los jueces y a los empresarios resulta empresa relativamente fácil. Sobre todo en la etapa inicial de cualquier nueva administración. El presidente que ingresará a la Casa Rosada a mediados del mes de diciembre próximo seguramente no gozará de los deleites de toda luna de miel en atención a la herencia de la cual deberá hacerse cargo. Sin embargo, a modo de compensación dispondrá del apoyo de los magistrados más influyentes y de los empresarios más poderosos del país. Para empezar, no es poca cosa.

Mientras que el que se sabe ganador dedica la mayor parte de su tiempo a armar equipos de gobierno y a definir un libreto económico al que atenerse cuando llegue a Balcarce 50, el que corre de atrás se ha acordado tarde de una porción importante del electorado que lo votó tanto en los comicios presidenciales de 2015 como en los legislativos de 2017. La presencia de Mauricio Macri en el Regimiento Patricios, la semana pasada, para rendir homenaje a los soldados caídos en octubre de l975 en Formosa, al igual que su declaración favorable a las dos vidas en el tema del aborto, apuntaron a reconquistar a unas tribus que —defraudadas por lo que consideraron una traición de su parte— se marcharon en pos de otros candidatos. Lo hizo a destiempo y de poco o nada le servirá a esta altura de la campaña. Básicamente, en razón de algo que nada tiene que ver ni con los militares muertos en cumplimiento del deber ni tampoco con la disputa entre celestes y verdes.

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El acontecimiento que mejor refleja cuanto está sucediendo en la Argentina ha sido el de la nonata huelga aeronáutica anunciada para el pasado fin de semana. Los pormenores son de público conocimiento. Dos sindicatos del sector, ante el reclamo de unos aumentos salariales que en principio el gobierno adujo que no podía otorgar, anunciaron que dejarían de volar con el resultado de que sesenta mil personas —poco más o menos— sufrirían las consecuencias. Todos los esfuerzos que realizó la administración macrista para llegar a un acuerdo naufragaron antes de empezar. Pero entonces se cruzó en el camino la figura de Alberto Fernández quien invitó a conversar a su departamento de Puerto Madero a Pablo Biró y le pidió que volviera sobre sus pasos y pensara dos veces antes de confirmar el paro en estos momentos.

El desenlace que tuvo la gestión del candidato también es de todos conocida. Puso en juego su autoridad y salió bien parado. Al margen de dejar en evidencia que —más allá de las formalidades institucionales— el poder se le escurre a Macri de entre las manos sin que pueda hacer mucho para evitarlo. Conforme transcurran las semanas —y ni qué decir inmediatamente después del 27 de octubre— esta transferencia fáctica del poder, que pasa de un presidente dibujado a un candidato electo sin esperar la transmisión del mando ni cosa parecida, será el fenómeno más acusado de nuestro escenario político.

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