Cláusula RUFO: prepararían juicios porque el pago a REPSOL la violaría – Por Carlos Tórtora

El nuevo y complejo escenario de la crisis por la deuda incluye distintas hipótesis que se elaboran en los laboratorios jurídicos con vistas a probables acciones judiciales. El gobierno, a través de la presidente y de Axel Kicillof, viene sosteniendo reiteradamente que no cumplirá la sentencia del juez Thomas Griesa que ordena el pago de US$ 1600 millones a los fondos NML, Aurelius y otrosholdouts menores, para evitar que se dispare la temida cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers). Se trata de una cláusula que se incluyó en los canjes de deuda de 2005 y 2010 por la cual se prohíbe pagarles más a los holdouts, por lo que se crea una igualdad de condiciones para aquellos que entraron o no a los canjes. En otras palabras, que el pago a los holdouts en mejores condiciones que a los bonistas reestructurados habilitaría a éstos (tenedores del 92 por ciento de la deuda) a reclamar judicialmente las mismas condiciones de pago que aquellos.

El caso es que ahora los letrados de algunos grupos de bonistas que entraron en los canjes del 2005 y 2010 estarían estudiando accionar para que se aplique la cláusula RUFO en función del pago con bonos que el Estado nacional le hizo a REPSOL en concepto de compensación por su expropiación. El ministerio argentino de Economía ha desembolsado bonos públicos a Repsol como medio de pago de la compensación por la expropiación del 51% de las acciones que la petrolera española tenía en YPF.

La entrega de títulos ascendió a 5.000 millones de dólares (3.359 millones de euros) a valor nominal, lo que, a precio de mercado, representaría, según fuentes financieras, unos 5.250 millones de dólares (3.376 millones de euros).Los títulos a valor nominal que se entregaron son 500 millones de dólares en BONAR X; 1.250 millones en Discount 33, y 3.250 millones de dólares en BONAR 24. A ello se agrega un adicional de Boden 2015 por 317 millones, eventualmente a emitirse.

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A cambio de ello, “Repsol entregó a la República Argentina de acuerdo al Convenio, los escritos de desistimiento de las acciones judiciales, administrativas y arbitrales iniciadas por la Sociedad, por dicha sociedad, sus afiliados y ciertos en relación con la expropiación y cuestiones conexas”.

En mayo de este año, Repsol ya tuvo prácticamente en su poder en metálico casi toda la indemnización por la expropiación del 51% de la petrolera argentina YPF por parte del Gobierno argentino. La compañía española vendió a J.P. Morgan casi todos los bonos entregados como compensación que le quedaban. Tras esta operación, sin impacto en los resultados, Repsol ha logrado más de 4.800 millones de dólares con la venta de bonos, a los que se suman otros 1.255,3 millones de dólares (900 millones de euros) por deshacerse de la participación del 11,86% que conservaba en la petrolera argentina. El objetivo declarado por el presidente de Repsol, Antonio Brufau, era obtener un mínimo de 6.000 millones de dólares (unos 4.380 millones de euros) entre la venta de los bonos argentinos y acciones de YPF.

Desigualdad de condiciones

Las eventuales acciones judiciales se fundarían en la enorme diferencia de trato dada a REPSOL en relación a los bonistas reestructurados. La petrolera española recibió títulos sin quita alguna y realizó un excelente negocio de corto plazo, en tanto que los bonistas que ingresaron a los canjes del 2005, por ejemplo, el 76% de los bonos impagados fueron canjeados por otros títulos públicos que valían dos tercios menos que el valor original. En términos globales, la quita alcanzó al 46% del total de la deuda.

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Esta manifiesta desigualdad de trato -si bien no se puede considerar a REPSOL como un holdout-, entendida con un criterio amplio, podría ser suficiente como para que se inicien nuevos litigios. De un modo semejante, también estos análisis incorporan la desfavorable comparación -para los bonistas- con el reciente acuerdo entre el gobierno argentino y el Club de París, por el cual éste cobrará casi US$ 10.000 millones en cinco años, alrededor de US$ 3700 millones más que la cifra prevista en las primeras negociaciones.

Fuente: http://site.informadorpublico.com/

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