Dom. Abr 5th, 2020

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CFK empezó su autogolpe instalando el conflicto de poderes con la Corte – Por Carlos Tórtora

Ayer la presidente definió parcialmente cuál es su plan político para los nueve meses de gestión que le restan. Con tono encendido pero utilizando una terminología fríamente calculada, embistió contra el Poder Judicial, pero esta vez haciendo blanco en el vértice del mismo: la Corte Suprema de Justicia. El ataque tuvo varios flancos. Uno importante fue acusar a la misma de no haber cumplido con su obligación de investigar y fallar sobre el atentado a la embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992. O sea que acusó al alto tribunal del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto por el artículo 248 del Código Penal, que dice: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. En este caso, según la jefa de Estado, la Corte no cumplió con su obligación de administrar justicia en el caso de la embajada, en el cual tiene competencia originaria. Como broche de oro, CFK sentenció que “últimamente, el Partido Judicial se ha independizado, pero de la Constitución”. En la misma línea, su ataque a la denuncia en su contra presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman fue oscura y sinuosa, refiriéndose a una supuesta contradicción entre la acusación y documentos supuestamente firmados por él pero que ella no leyó. El esquema que eligió para dar batalla en el caso AMIA fue entonces el siguiente: hay que volver a la pista siria, ya descartada por la justicia en los ‘90 y ahondar en las supuestas responsabilidades penales de Carlos Menem, su jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y otros funcionarios. Obviamente, el gobierno intenta desviar la atención de la opinión pública hacia el próximo juicio oral contra los acusados de “alterar, obstruir e intentar neutralizar la investigación del atentado del 18 de julio de 1994″. En el expediente están imputados el ex presidente Carlos Menem y su hermano, entonces secretario, Munir Menem, el jefe de la SIDE y su segundo, Hugo Anzorreguy y Carlos Anchezar, respectivamente; el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el destituido juez federal Juan José Galeano, los ex fiscales Federales Eamon Mullen y José Barbaccia, y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. Nisman los acusa de encabezar una “compleja maniobra de encubrimiento, pergeñada desde los más altos estamentos políticos de la época, dirigida a entorpecer y abortar la investigación de uno de los hechos más graves que recuerde la historia reciente de nuestro país”. En concreto, se investigan dos hechos puntuales. Por un lado, el pago de 400 mil pesos dólares en dos cuotas a la esposa de Carlos Telleldín para que su marido declare que le vendió la Renault Trafic que se estrelló contra la AMIA a un grupo de policías bonaerenses encabezados por el comisarios Juan José Ribelli. También se habría presionado y sobornado a tres uniformados para dijeran que vieron la camioneta-bomba en la Brigada de Lanús, donde se desempeñaban los acusados.

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El otro caso que se ventila en este expediente es el encubrimiento y protección del empresario textil Alberto Kanoore Edul, un nombre que se repite una y otra vez en la investigación, y sobre quien el FBI pidió profundizar las pesquisas. Según el destituido Galeano, desde el teléfono de Edul hubo una llamada a la casa de Telleldín el mismo 10 de julio en que se publicó un aviso en el diario Clarín ofreciendo la camioneta. A su vez, el camión que dejó un volquete frente a la sede de la AMIA unos minutos antes del atentado hizo una parada luego en un terreno ubicado a metros de la casa de Edul, en el barrio porteño de San Cristóbal. El sospechoso también tenía en su agenda el nombre de Moshen Rabbani, agregado cultural de la embajada iraní en Argentina y considerado por Nisman como el “cerebro” del ataque.

El encubrimiento, según Nisman, fue político y policial. Por un lado, cree que lo protegió el Gobierno. Vale recordar: los Edul y los Menem comparten su origen en el pueblo sirio de Yabrud. Y en sede judicial el propio Edul reconoció que a los pocos días del ataque su padre, que a su vez aportó dinero a la campaña presidencial de Carlos Menem, visitó en la Casa Rosada a la secretaria de Munir Menem para pedirle información sobre la llamada “pista siria” que involucraba a su hijo.

Edul fue detenido por unos días, pero tras las gestiones de su padre, quedó en libertad. Munir Menem le habría pedido en persona a Galeano que “enfriara la pista siria”. El énfasis de Cristina en volver sobre los pasos de la pista siria quedó en claro al denostar a uno de los implicados en la causa señalada, el ex presidente de la DAIA y conocido ex menemista, Rubén Beraja.

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Cómo descalificar las causas de corrupción

En síntesis, el cristinismo procura salir del atolladero en que se encuentra a partir de la acusación y muerte inmediata de Nisman, mediante un doble juego: potenciar un conflicto de poderes con la Corte Suprema por un lado y desviar el caso AMIA hacia la vieja pista siria. No sería de extrañar que algún diputado ultracristinista esté por presentar un pedido de juicio político contra Lorenzetti y demás integrantes de la Corte por no haber llevado adelante la investigación del atentado a la embajada de Israel. Es una incógnita qué hará la Corte en estas circunstancias. Una respuesta contundente de Lorenzetti en los próximos días -por ejemplo cuando deje inaugurado el año judicial- potenciaría justamente lo que la presidente quiere: un conflicto de poderes como telón de fondo de la campaña electoral. ¿Por qué le interesa al gobierno montar este escenario? La explicación más lógica pasa por la acumulación de las causas por corrupción, en especial las que ya rozan a la familia presidencial, como el caso Báez. La presidente y su entorno saben que en el contexto actual y de los próximos meses no puede haber pacto de impunidad ni autoamnistía alguna que subsista al 10 de diciembre. Lo que el gobierno está generando entonces al construir un conflicto de poderes es un escenario de confrontación con la justicia que le permita invocar que ésta persigue a la presidente y sus funcionarios por motivos políticos. De este modo, el cristinismo aspiraría a cuestionar la validez de las causas por corrupción que lo afectan, ya que las mismas serían motorizadas por una justicia federal “destituyente y parcial”. Enlodar a la Corte y al fuero federal sería entonces el recurso extremo que le queda a Cristina y su entorno antes de que deba entregar el poder y quede expuesto no sólo a procesamientos sino a detenciones. Finalmente y luego de tantas denuncias de golpes blandos y maniobras corporativas, el kirchnerismo puso en marcha su autogolpe rompiendo lanzas con la Corte. Ahora, como suele ocurrir en estos casos, si intenta una escalada, la misma puede conducir a hechos críticos cada vez más graves.

Fuente: Informador Público

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