CFK discurseó contra EEUU pero apuntaría a reformar la ley penal cambiaria – Por Carlos Tórtora

En sus casi dos horas de retórica de ayer, la presidente no ahorró mensajes directos ni indirectos. En un esfuerzo para subir en las encuestas de popularidad, conectó un supuesto plan para voltear al gobierno con la embajada de los EE.UU. Y sin temor a la obvia contradicción, pareció olvidarse de que días atrás denunció en la Asamblea General de la ONU que el ISIS planeaba un atentado en su contra por su amistad con el Papa, para sostener anoche todo lo contrario. Es decir que, si hay un atentado en marcha, “hay que mirar hacia el norte y no al oriente”. Esto mientras Luis D’Elía aplaudía frenéticamente por este arrebato antiyanqui que, de paso, reivindicó a Irán.

En otro tema, el cambio de gabinete, la presidente una vez más siguió su propia lógica. Como los medios coincidieron en los últimos días en que Jorge Capitanich estaba prácticamente renunciado, CFK se ocupó ayer de referirse a él cariñosamente varias veces como “Coki”, dejando la impresión de que no renunciaría todavía. Esto de ningún modo le quitó relieve a Axel Kicillof y La Cámpora, grupo que hegemonizó el acto con sus banderas. Amado Boudou, en cambio, no apareció ante las cámaras y Daniel Scioli, por el contrario, fue muy enfocado por su ubicación cercana a CFK.

Con respecto al estreno de la ley de pago soberano, anunció que estaba hecho en Nación Fideicomisos el depósito correspondiente al vencimiento de ayer de bonos Par, aunque nada dijo sobre el éxito o fracaso de la operación, lo que empezaría a trascender en días más. Admitió también que por parte del juez Thomas Griesa se avecinan nuevas sanciones, que a su vez la ayudarían a profundizar su guerra retórica con los EE.UU. Es obvio que, al menos por el momento y como quedó en claro en los mensajes de ayer, la estrategia oficial es culpar por la crisis económica a la supuesta conspiración mundial con sede en Nueva York.

Otra ley para apretar

Hay que prestar atención al último capítulo de la larguísima parrafada de ayer. La presidente les apuntó directamente a las operaciones en dólares que hoy tienen mayor volumen, que son las del llamado “contado con liqui”, una operatoria bursátil mediante la cual una persona o empresa transfiere fondos desde y hacia el extranjero a través del Mercado de Valores. Y se concentró en cuestionar el desempeño de las tres entidades que realizan la mayor parte de las operaciones, los bancos Mariba, Macro y Patagonia, anunciando que el titular de la PROSELAC (Procuración contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos), Carlos Gonella, está trabajando en dirección a presuntos ilícitos que estarían ligados a las entidades nombradas y al contado con liqui.

La amenaza, bastante directa, hizo así blanco en el que fuera hasta no hace mucho el banquero preferido del poder, Jorge Brito, dueño del Banco Macro y presidente de ADEBA. Cuando, días antes de que el país entrara en default, Brito y otros banqueros negociaban la compra del juicio con los holdouts NML y Aurelius, la presidente desestimó públicamente el tema, dejando en claro que ella no avalaba las gestiones del influyente banquero, hoy muy cercano a Sergio Massa.

El ataque presidencial a los grandes operadores del contado con liqui coincidió con otras dos señales. Cristina se refirió dos veces a que en el BCRA hay 80.000 expedientes por infracciones a la Ley Penal Cambiaria 19.359 que no se tramitan y la semana pasada fuentes del gobierno dejaron trascender que está en preparación un borrador de proyecto de reforma de dicha ley. Hoy, las infracciones a la norma penal cambiaria se tramitan por sumarios administrativos en el Banco Central y tienen su alzada judicial en el fuero penal económico. La idea que ronda en el equipo de Kicillof sería una ley que le quite toda las atribuciones en esa materia al BCRA, haciendo que la mayor parte de esas infracciones se conviertan en delitos de competencia del fuero Criminal y Correccional, lo que presupone que intervendrá directamente la justicia. Es decir que el gobierno, a través de los fiscales que dependen de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, podrían avanzar directamente sobre los operadores financieros y que la mayor parte de las que hoy son infracciones se convertirían en delitos.

Con fines parecidos a los que cumplió la reforma de la ley de abastecimiento, la probable reforma de la ley penal cambiaria sería una de las herramientas que el gobierno se dispone a utilizar para intentar bajar la fiebre del dólar.

Fuente: http://informadorpublico.com/