Cabalgar el tigre. Por Vicente Massot

Aunque pueda parecer mentira, en este mundo o, al menos, en la Argentina, existe lo que podría denominarse la algarabía de la derrota. Si alguien creyese que tras un revés en cualquier orden de la vida, los que pierden siempre sufren sus consecuencias, sin ninguna alegría de por medio, estaría equivocado. De lo contrario, habría que explicar la reacción —casi generalizada— del oficialismo después de conocerse los resultados de las elecciones substanciadas el pasado domingo 27 de octubre. Es como si todos sus acólitos —que habían entrado al cuarto oscuro apesadumbrados, o poco menos— al final del día hubieran recibido un espaldarazo anímico capaz de cambiarles la cara y el ánimo. Que hubiesen perdido la presidencia de la Nación y la gobernación de la provincia de Buenos Aires —nada menos— parecía un tema menor. Estaban alborozados a pesar de haber salido segundos en la final de la Superliga.

Con todo, no han obrado a la manera de la zorra y las uvas de la fábula clásica. Los rostros exultantes de la gente del Pro, de la mayoría de los radicales y de la Coalición Cívica no son una máscara que esconde su impotencia y su bronca. Hubieran preferido ser los vencedores, eso está claro. Pero haber sido derrotados no los ha dejado deshechos. Han sacado fuerzas de flaquezas y se imaginan como los futuros fiscales de una república que —según ellos— los necesitará más que nunca. Mientras Mauricio Macri traza planes para competir dentro de dos años en los comicios legislativos, y Marcos Peña lo sigue a sol y sombra, como si nada hubiese pasado.

Convengamos que el fenómeno se las trae. A contramano de todo lo que es dable imaginarse, hay tribus que se alegran porque, en lugar de perder 5 a 0, lograron un decoroso 6 a 3. En una palabra, están felices en virtud de que salvaron la ropa y cayeron con dignidad por un score mucho menos abultado del que pensaron en algún momento. Y ello sin haber despejado varias incógnitas. Por de pronto, si la coalición oficialista se mantendrá unida cuando le toque —dentro de muy poco— ocupar el lugar reservado a la oposición; si los radicales aceptaran pasivamente seguir haciendo el papel de furgón de cola como hasta ahora y —last but not least— si Mauricio Macri será capaz de reivindicar con éxito el rol de jefe máximo que en los pasados cuatro años nadie podía discutirle.

A todas las cuestiones abiertas a debate se le suman otros datos de la realidad. En el supuesto de que la paridad en la Cámara de Diputados se extendiese al resto del aparato de poderes del país habría razones suficientes para pensar que esa algarabía de la que hablamos estaría sobrada de sentido. Pero sucede que la futura conformación de la cámara baja es una excepción y no la regla. Que se sepa, ni en las gobernaciones ni en el Senado de la Nación, ni en los sindicatos, ni tampoco en la Suprema Corte de Justicia, las fuerzas en pugna están equilibradas. Allí no hay empate ninguno. Ello no significa que el kirchnerismo podrá hacer lo que le venga en gana. Significa que la idea de un sistema bipartidista sólido, o de un régimen político que descansa en dos coaliciones equivalentes, resulta una ilusión.

Alberto Fernández se prepara para gobernar con base en la fuerza del presidencialismo. Inmediatamente después de finalizados los comicios, ha decidido ponerle paños fríos a algunas promesas que lanzó a correr en el curso de la campaña. Lo último que desearía es insistir al respecto y luego no hallarse en condiciones de cumplirlas en tiempo y en forma. Por lo tanto, los anuncios de mejoras substanciales no se escuchan con la misma frecuencia ni tienen el mismo énfasis de antes. Las declaraciones del líder sindical Héctor Daer, bajando las expectativas de un aumento salarial de 35 % —que podría otorgarse con posterioridad al 10 de diciembre— apuntan en ese sentido.

El reciente trascendido de que quiere dar buenas noticias a poco de sentarse en el sillón de Rivadavia, no deja de ser cierto. Al mismo tiempo es un anuncio tan general que hace recordar al salariazo de Carlos Menem u otros similares. Dice mucho y no dice nada, por una razón bien sencilla: cuanto menos precisiones haga de las medidas que piensa tomar el 10 de diciembre, tanto mejor. Alberto Fernández no puede hacer del silencio una estrategia. Tampoco puede darse el lujo de posar de distraído. Vocear a los cuatro vientos que los aumentos en el precio de las naftas y en la medicina prepaga no son su responsabilidad y que nada tiene que ver con semejantes medidas, es una verdad a medias. Comprensible —eso sí— en la medida que aún no se ha hecho cargo del gobierno.

A medida que se acerca el día de la jura el candidato vencedor se da cuenta de algo acerca de lo cual no puede hablarse: el ajuste que su administración tendrá que realizar, le guste o no. Los poderes de carácter excepcional que pedirá apenas asuma —a semejanza del que tuvieron los Kirchner durante buena parte de sus mandatos— trasparenta menos sus pujos autoritarios que la necesidad de un cierto grado de discrecionalidad en medio de la crisis por la que atravesamos. Sus equipos técnicos trabajan a toda velocidad en la redacción de un proyecto de ley de emergencia pública que —en caso de votarse favorablemente— le daría al nuevo presidente un radio de acción amplísimo en materia económica y financiera.

Alberto Fernández de momento no se priva de tomar contacto con quienes pueden aportarle ideas o consejos valiosos por fuera del Frente que encabeza. Así como semanas atrás mantuvo conversaciones con Carlos Melconian, ahora —y no precisamente por pedido
de Cristina Kirchner— su interlocutor ha sido Roberto Lavagna. Más de uno se sorprendería si supiese a cuántos más ha decidido escuchar el próximo presidente, sobre todo en lo relacionado a las cuestiones de carácter económico. En este orden, y antes de que el secretario del Tesoro norteamericano hablase como lo hizo y de que Donald Trump se comunicase con él por teléfono, la renegociación de la deuda externa —privada y pública— y la relación con el Fondo Monetario Internacional eran para Fernández asuntos de Estado prioritarios.

Consciente de que con las autoridades del citado organismo de crédito debe sentarse a conversar desde una posición desventajosa, y que la palabra de Washington —de la misma manera que fue decisiva para obtener el mayor préstamo del organismo en su historia, otorgado al gobierno de Mauricio Macri— será crucial en las negociaciones por venir, cuida sus palabras y sus actos. Nada de parrafadas antiimperialistas o de posturas de compadrito delante de la administración republicana. Para Trump hay un tema excluyente a nivel subcontinental que tiene nombres y apellidos: Venezuela y Maduro.

Alberto Fernández no necesita que nadie lo ponga en autos de cuánto vale una media palabra de Estados Unidos y hasta qué extremos se puede dificultar su camino si acaso en la Casa Blanca se lo considerase un compañero de ruta del régimen chavista. En resumidas cuentas, no existe la menor posibilidad de encarrillar seriamente un reperfilamiento de la deuda externa —como se acostumbra decir en estos días— si los coqueteos con el Grupo de Puebla pasan a mayores o si los nuevos ocupante del Palacio San Martín creyesen oportuno dejar vacía la silla que ocupa nuestro país en el Grupo de Lima.

Los tiempos de la campaña ya son historia. En pocas semanas más, los discursos floridos, los reportajes, los viajes como presidente electo y los festejos de distinto tipo también serán cosas del pasado. A partir del 10 de diciembre Alberto Fernández deberá cabalgar el tigre. Nada menos