A marchas aceleradas y pisando callos. Por Vicente Massot.

Se estila decir, con base en algunos de los más encumbrados pensadores realistas de la política, que todo nuevo gobierno debe tener en claro la importancia de los tiempos iniciales para tomar las medidas más costosas, polémicas y duras. Cuanto no se ejecuta en los primeros meses de gestión, es muy difícil hacerlo luego, concluida la luna de miel y ya pasado el momento de echarle las culpas, de la situación calamitosa por la cual se atraviesa, a la administración saliente. Mauricio Macri parece haber tomado al pie de la letra esta enseñanza de los clásicos y la ha llevado a la práctica quizá como ningún otro de sus antecesores, desde 1973 a la fecha.

Sería una irreverencia histórica sostener que, hasta ahora y sin distingos, los presidentes que llegaron a Balcarce 50, con anterioridad al líder de Cambiemos, perdieron la oportunidad que le otorgaba ese período de gracia, común a toda nueva administración, a los efectos de realizar el trabajo sucio —por llamarlo así. Pero que se recuerde, ni Juan Domingo Perón, ni tampoco su mujer, Jorge Rafael Videla, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner o Cristina Fernández lanzaron, en un lapso tan corto, semejante conjunto de medidas como las adelantadas por el presidente actual y sus principales ministros. Sin pasar por alto que todavía falta anunciar unas cuantas políticas públicas que, ciertamente, darán que hablar.

En caso de compararse las decisiones tomadas por Macri en las dos semanas —poco más o menos— que lleva desde su asunción respecto de la de sus pares que en los últimos cuarenta años asumieron idéntica responsabilidad a la suya, salta a la vista la celeridad y osadía que caracteriza a los depositarios presentes del poder en la Argentina. Carecería de sentido a esta altura del partido realizar un balance de su gestión. Es demasiado temprano para ello y no hay perspectiva suficiente como para ensayar un juicio de semejante naturaleza. Lo importante es destacar la confianza y la decisión que ha primado a la hora de marcar un rumbo y vertebrar un plan de acción.

En este orden de cosas, sobresalen en los catorce días inaugurales tres cuestiones de calado: por un lado todo lo relacionado con el proceso económico; por otro, la cuestión jurídica y, por fin, la irrupción presidencial en el Mercosur. Alfonso de Prat Gay cumplió con lo que en su momento había anunciado en plena campaña electoral el hoy presidente de la República. Entonces su promesa levantó una polvareda importante. Fueron pocos los que creyeron factible levantar el cepo de un día para otro. Sin embargo, no sólo resultó posible sino que no generó ningún cataclismo. Las voces agoreras que pronosticaban corridas del dólar y un sinfín de calamidades han debido llamarse a silencio.

Por lo visto hasta el momento, el gobierno ha preferido obrar en materia económica un giro verdaderamente copernicano con relación al modelo kirchnerista, sin entrar y salir en discusiones acerca de la herencia recibida. Si se presta atención a cuanto se ha dicho, sólo la gobernadora de Buenos Aires ha salido con los tapones de punta. Al asumir en La Plata no se privó de dejar en claro que había recibido una provincia quebrada. Que se sepa ninguno de los ministros del Poder Ejecutivo Nacional o el propio Macri dijeron algo siquiera parecido a lo sostenido por María Eugenia Vidal. No es que los haya ganado la timidez o que no se animen a polemizar con los ex funcionarios del Frente para la Victoria. Sencillamente han preferido obviar el tema y sólo en caso de ser imprescindible se enredarán en discusiones sobre la mochila que han debido asumir a la fuerza.

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Falta conocer cuál será la estrategia desplegada de cara a los hold–outs y cuál la enderezada a ponerle coto —hasta donde sea posible— al principal problema que deberá enfrentar el gobierno de Cambiemos durante el próximo año: la inflación. Decir que es muy difícil que al cabo de 2016 el índice de precios minoristas no trepe a 35 % —o incluso a 40 %— no supone una especulación descabellada o un pronóstico catastrofista. Hay flagelos que por buenas que sean las intenciones, por rigurosos que resulten los planes y por competentes que demuestren ser los funcionarios de un gobierno, en cualquier país del primer o del tercer mundo no se pueden exorcizar de un día para otro. Fue posible, en menos de lo que canta un gallo, devaluar; terminar con el cepo; eliminar las retenciones al sector agropecuario; poner fin a los permisos de exportación y declarar la emergencia en materia energética y de seguridad. Pero resulta imposible desterrar la inflación en veinticuatro horas, en unas pocas semanas o, siquiera en tres o cuatro meses. En la mejor de las hipótesis, la empresa llevará un año y se presenta —sin duda— como el mayor desafío de este gobierno por sus consecuencias de carácter social.

El frente judicial es asunto distinto. Por de pronto le interesa a una minoría, cierto que selecta y politizada. A diferencia de la economía que, en mayor o menor medida, nos preocupa a todos y a todos nos alcanza. Los precios en los supermercados, el incremento de las tarifas públicas, el costo de los combustibles, el nivel de los salarios y el valor del dólar, no hay persona a la cual le puedan pasar desapercibidos. Podrán los argentinos entender más o menos de economía, pero sus efectos llegan a la sociedad en su conjunto. En cambio: ¿cuánta gente sabe lo que significa que dos ministros de la Corte juren en comisión?; ¿qué cantidad de argentinos —si fuesen interrogados al voleo— sabrían responder correctamente quiénes son los doctores Rosatti y Rosenkrantz? Sólo los menos no se equivocarían. Claro que en esa exigua minoría se cuenta toda la clase política, los distintos grupos de presión y factores de poder del país, la intelectualidad en su conjunto y las principales instituciones de la Argentina. En número resultan intrascendentes. En términos de poder, son los protagonistas fundamentales.

Lo que sucedió con los dos candidatos para integrar la Corte Suprema es un buen ejemplo de lo expresado antes. Suscitó la reacción de la mencionada minoría frente a la indiferencia generalizada de la mayoría de la población. Mauricio Macri obró al respecto de una manera errática. Tomó una decisión arriesgada, consciente de los peligros que corría, para después retroceder cuando le llovieron críticas de todos los costados. En punto a la cuestión, es conveniente distinguir el procedimiento de la oportunidad; y a ésta de la forma en que le fue comunicada al país

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Como dijimos la semana anterior, el criterio con base en el cual se tomó la decisión, no ofrece flancos para condenarlo por anticonstitucional. Podrá ser desprolijo, pero no es ilegal. Ahora bien, conociendo que haría ruido, el presidente igual decidió seguir con el plan trazado. ¿Por qué? Es evidente que debía existir una razón de necesidad y urgencia susceptible de justificar su costado polémico. De lo contrario, convenía convocar a sesiones extraordinarias y hacer las cosas por derecha. Sin embargo, la retirada posterior no termina de entenderse —salvo, claro, que no hubiera habido ningún motivo de vida o muerte para nombrar a dos ministros en comisión. En cuyo caso carecería de lógica la decisión inicial. De más está decir que la comunicación oficial fue sencillamente horrible.

Como quiera que haya sido, lo cierto es que luego del paso en falso dado se abrió un período de negociación, de final incierto. El presidente no puede, bajo ningún concepto, aceptar un cambio de nombres. Para él, Rosatti y Rosenkrantz no admiten objeción alguna. En todo caso, cuanto ha comenzado a discutirse es a través de cuál vía llegarán al Tribunal Supremo y si sólo ellos acompañarán a los actuales miembros o si —en lugar de cinco— la futura Corte contará con siete ministros.

En este orden, el gobierno tiene dos frentes abiertos: el mencionado antes —complicado por el reciente fallo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla— y la tozudez de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó —que no sólo no está dispuesta a renunciar a su cargo sino que se halla decidida a ejercer sus funciones en plenitud. Algo que —no se necesita mucha ciencia para deducirlo— es incompatible con la política judicial de Macri. Nadie sabe cuánto puede prologarse el conflicto, pero, mientras más tiempo transcurra, el costo que deberá pagar el gobierno irá en aumento. Inversamente, si consiguiese remover a la citada funcionaria rápido, se habrá anotado a expensas del kirchnerismo resistente una victoria de consideración.

El protagonismo macrista se extendió también al Mercosur. El pedido hecho al gobierno de Maduro de que libere a los presos políticos venezolanos rompe con la estrategia probolivariana del kirchnerismo. Además, el cruce con la canciller Delcy Rodríguez en Asunción trasparentó el convencimiento del presidente argentino de que el cambio de época incluye a la economía tanto como a la política exterior.

Que las promesas efectuadas durante la campaña electoral no serán echadas en saco roto lo demuestra otra decisión conocida en la semana: se revisarán y auditarán más de quince mil contratos de empleados públicos que ingresaron al Estado —impulsados por La Cámpora— en el curso del último año. A la hora de pisar callos, en el plano internacional como de puertas para adentro, Macri no parece andarse con vueltas.

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