Sáb. May 30th, 2020

Prensa Republicana

Con las ideas derechas

60 días más. Por Vicente Massot

Es comprensible que un gobierno enamorado de la cuarentena —y sin la menor idea de cómo salir de la misma— intente hacerle creer a la ciudadanía en su conjunto que cada quince o veinte días —poco más o menos— toma la decisión de flexibilizarla o extenderla con base en los sesudos consejos del trust de infectólogos que lo asesora y en el parecer de los gobernadores a los cuales convoca cuando le conviene. También se entiende que parte de la ciudadanía se trague la píldora y esté atenta de lo que tenga a bien informarle el presidente desde Olivos, con pizarrón y puntero de por medio. Pero, a esta altura de la pandemia, cualquiera que tenga dos dedos de frente y aplique al análisis del tema un mínimo de sentido común sabe, sin que nadie deba soplarle al oído la respuesta correcta, que el aislamiento obligatorio se prolongará —cuando menos— hasta fines de junio. No hay que ser un genio ni hacer las veces de profeta para darse cuenta que si el pico de contagio en la capital federal —según lo informado por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós— se abatirá sobre nosotros en la segunda quincena de mayo —y a nivel general en la primera de junio, de acuerdo con lo que hace días adelantó Ginés González García— la posibilidad de que se ponga fin al enclaustramiento el 10 de mayo se reduce a cero.

Si alguien, pues, piensa que ese día, alrededor de las 20 horas, el presidente dirá algo distinto respecto de lo que ha expresado, sin cambiar el libreto de fondo, desde el pasado jueves 19 de marzo, es conveniente que se desengañe. El Poder Ejecutivo sabe que la medida que ha tomado genera en la población una ansiedad creciente y que las personas encerradas en sus casas desde la tercera semana de marzo, están cansadas. Por lo tanto, es lógico que disfrace sus intenciones y dosifique las noticias desagradables. Si Alberto Fernández, convertido en maestro de escuela, anunciara por televisión el fin del aislamiento para finales de junio o principios de julio, la reacción de la gente podría resultar contraproducente. Una cosa es renovarle la esperanza cada quincena de que pronto concluirá y otra ponerla en autos de que va a tener que estar metida en sus domicilios por los próximos sesenta días. Aquello por ahora —mientras prive el miedo— se tolera; esto, inversamente, sería difícil de asimilar. Semejante ejercicio de distracción —por llamarle de alguna manera— no es un invento perverso del kirchnerismo. En mayor o menor medida ha sido adoptado por regímenes y gobiernos diversos en punto a sus observancias ideológicas.

Aun cuando algunos mandatarios provinciales decidiesen solicitar a Casa Rosada que los habilitase a descomprimir en serio la cuarentena en sus respectivos estados, la contestación que recibirían sería un rotundo no. Es cierto que hay abierto un diálogo franco entre Balcarce 50 y los poderes del interior del país, y no lo es menos que, de momento, todos están de acuerdo en continuar con el régimen inaugurado el 19 de marzo. Pero lo que es conveniente tener presente es que cualquier flexibilización que se ponga en práctica será intrascendente. Si esto es así porque Alberto Fernández no quiere enterarse de lo que deberá enfrentar cuando la pandemia haya pasado, o en razón de que el número de decesos es uno de los más bajos del planeta y ese crédito no desea perderlo, resulta materia abierta a discusión. De todas maneras poco importa. Llegados a esta instancia, no deja de ser un debate académico.

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La cuarentena seguirá, con algunas modificaciones de carácter cosmético, por espacio de dos meses, en el mejor de los casos. Aunque no sería de descartar que el amesetamiento del famoso pico extendiese el momento de mayor peligro para julio o agosto, y en tal caso conviviríamos con la cuarentena hasta que pasase el invierno. Si a esto se le suma que el sistema de aislamiento puesto en ejecución entre nosotros es uno de los más rigurosos del mundo, es fácil concluir que cuanto más tiempo sea obligatorio tanto más graves serán las consecuencias económicas.

Mueven por eso a risa los pronósticos que se dan a conocer sobre los topes a los que llegará el dólar y la inflación a fines del año en curso. Hacer un ejercicio prospectivo acerca del tipo de cambio y del índice de precios, roza la ridiculez. Porque nadie tiene la más mínima idea de cuánto será el daño causado al aparato productivo por la peste y cuánto el tiempo del encierro. Pronosticar 48,3 % ó 52,5 % de inflación, o un dólar a $ 180, es jugar —alegre e irresponsablemente— con los números. La catástrofe que se avecina no es hoy mensurable.

La administración kirchnerista, en su desesperación por controlar el alza de los distintos tipos de dólar —fuera del oficial—, toma medidas que no sirven para nada. Las resoluciones de la Comisión Nacional de Valores que obligan a los fondos comunes de inversión a adecuar sus tenencias con el objetivo de contener el alza del billete verde, son una prueba cabal de cómo se intenta tapar el cielo con un harnero. La resolución, obviamente, se cumplió pero no dio ninguno de los resultados esperados. En este contexto, Miguel Pesce y Martín Guzmán —que no son unos improvisados— deberían tomar nota de que habrán de cohabitar con el blue, el contado con liquidación y el MEP, en alza permanente. Su tendencia a escalar será sin solución de continuidad o —si se quiere— con prisa y sin pausa. Por ello, declaraciones como las del titular de la cartera de Hacienda —“Es esencial generar condiciones para acabar con la lógica dolarizadora»— no son sino palabras cuyo destino es que se las lleve el viento.

Más allá del trabajo hecho en materia sanitaria —que no es menor— en la administración diaria de la cosa pública el kirchnerismo actúa a tontas y locas. Autoexcluirse de la agenda del Mercosur en materia de acuerdos comerciales para —a cambio— recostarse en el Grupo de Puebla, ha sido una decisión inoportuna. Cerrar la economía seguramente está en la cabeza del presidente y de la vice desde el inicio mismo de su gestión. Sus convicciones no son nuevas y, por lo tanto, no hay razón para la sorpresa. Sólo que en este momento no existía necesidad  de suscitar tamaña discusión en el seno de aquel foro multinacional. Si las negociaciones con diferentes países estuviesen tan adelantadas como para cerrar acuerdos en los próximos días, se entendería la celeridad demostrada por el Palacio San Martín. Pero los tratados de libre comercio llevan años antes de entrar en vigencia. Unido al hecho de que el Mercosur —como alguna vez lo definió Felipe de la Balze— se parece bastante a Macondo y no se ha caracterizado nunca ni por su eficiencia ni tampoco por su rapidez.

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¿El avance gestado por el presidente de la Nación y su canciller arrastra el propósito de romper lanzas con un Mercosur que los K juzgan dominado por gobiernos de centro derecha? —No lo parece, aun cuando es difícil adelantar una opinión sobre el particular. Salirse del Mercosur a los efectos de encerrarse aún más y quedar condenado a jugar solo en el subcontinente, representaría un fenomenal error estratégico. Que la relación de Alberto Fernández con Jair Bolsonaro es más que tensa y que los vasos comunicantes con presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, y con Luis Lacalle Pou, presidente del Uruguay, son apenas formales, resulta un secreto a voces. También que con su par boliviana, Jeanine Añez, el diálogo esta congelado desde que ésta asumió en reemplazo de Evo Morales, aliado desde siempre del kirchnerismo. Pero que así sea no justifica mezclar la ideología con los intereses geopolíticos del país.

Mención aparte merece el manejo de las excarcelaciones, que están a la orden del día. No hay una desincriminación masiva, si bien —al ritmo que lleva el asunto— no sería de extrañar que en ello se transformase. Una cosa es el análisis caso por caso, hecho con la debida responsabilidad social —porque se trata de delincuentes comunes— acerca de quién puede abandonar la penitenciaría donde se halla condenado a sufrir tal o cual condena, y otra —bien distinta— es obrar con arreglo al convencimiento de que cualquier preso tiene el derecho de salir en virtud de que corre peligro su vida y que su condena es, a priori, injusta. Si uno se toma el trabajo de escuchar con atención lo que ha repetido hasta el cansancio el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, caerá en la cuenta de que cuanto se planea está más cerca de la desincriminación que de cualquier otra solución. Un gobierno que legitima como interlocutores válidos —con la complicidad de parte de la Justicia— a violadores y a asesinos, está dando una señal peligrosa.

En este contexto, parrafadas provocativas como las de Graciana Peñafort —directora de Asuntos Jurídicos del Senado, puesta allí por Cristina Fernandez— disparates sonoros como los de Adriana Puiggrós —viceministra de Educación— acusando al capitalismo financiero de haber incubado el Coronavirus, y proyectos legislativos como el presentado por el senador provincial bonaerense del Frente de Todos, Francisco Durañona, tendiente a elevar en 100 % la recaudación del impuesto a los inmuebles y en 30 % la del gravamen a los ingresos brutos, no hacen más que echar leña al fuego. La grieta. lejos de achicarse, se ensancha a diario.

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