30 años de La Tablada: mentiras y verdades. Por José D’Angelo

Durante el 23 y el 24 de enero de 1989 el Movimiento Todos por la Patria (MTP), liderado por el ex comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Enrique Gorriarán Merlo, atacó los cuarteles del Ejército Argentino en La Tablada, en el oeste del Gran Buenos Aires. Fue la última batalla armada de las organizaciones guerrilleras en la Argentina y ocurrió durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín.

El saldo trágico del ataque fue de 32 muertos del MTP, 11 caídos entre las fuerzas legales, 2 civiles víctimas mortales del fuego cruzado y decenas de heridos, en medio de un caos indescriptible. El entonces presidente describió al hecho como un “una agresión armada de elementos irregulares de filiación ultraizquierdista, dirigida al conjunto de los argentinos” y no ahorró adjetivos para calificar a los atacantes, a los que llamó: terroristas, dementes, elitistas, personeros de la muerte, delincuentes, subversivos y enemigos de la nación.

El asalto terrorista a La Tablada fue repudiado y criticado por todos, hasta por amplios sectores de izquierda, porque se llevó adelante “durante un gobierno democrático”, diferenciándolo de la actuación de los “grupos guerrilleros” de los años 70, que, para “la memoria construida”, para el “relato” instalado, “enfrentaron a una dictadura militar y lograron para los argentinos el regreso a la democracia”.

Nada más falso que esta última afirmación. Se trata de la posverdad: no interesan los hechos, no hay realidad, esta es “distorsionada deliberadamente, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales”, nos explica el diccionario de nuestra lengua.

Es una “mentira cochina”, según un ex integrante de Montoneros como el escritor Martín Caparrós, que así lo dejó claro en un artículo del diario Crítica aparecido en 2008: “La subversión marxista —o más o menos marxista, de la que yo también formaba parte— quería, sin duda, asaltar el poder en la Argentina para cambiar radicalmente el orden social. No queríamos un país capitalista y democrático: queríamos una sociedad socialista (…) Vi a (Mario) Firmenich (jefe de Montoneros) diciendo por televisión que nosotros peleábamos por la democracia: mentira cochina. Nosotros creíamos muy sinceramente que la lucha armada era la única forma de llegar al poder, (…) y entendí que falsear la historia era lo peor que se les podía hacer a sus protagonistas: una forma de volver a desaparecer a los desaparecidos.”

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Solo para citar los casos más resonantes del accionar guerrillero del período constitucional (1973-1975), enumeramos los ataques al Batallón de Comunicaciones 141 de Córdoba; el simultáneo asalto a tres dependencia policiales de la capital cordobesa; al Comando de Sanidad del Ejército en la ciudad de Buenos Aires; a la Guarnición Militar de Azul; a la localidad del Acheral de Tucumán; al Regimiento de Infantería 17 de Catamarca; a la Fábrica Militar de Villa María, Córdoba; al Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán; al Regimiento de Infantería 29 de Formosa y al Depósito de Arsenales de Monte Chingolo, perpetrados por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) o el Ejército Montonero; además de centenares de asesinatos, secuestros y atentados explosivos a lo largo y lo ancho de todo el país, mientras este era gobernado, como dijimos, por presidentes elegidos por el voto popular.

Consagrada la santidad del terrorismo en nuestro país con base en mentiras, la causa de los derechos humanos se envileció aceleradamente, para terminar transformándose en una aberración política, una farsa jurídica, una estafa histórica y un negocio que resulta imprescindible desmantelar, denunciándolo.

Las “memoria construida” nos dice hoy que el Estado, ante una agresión armada, violenta, de grupos sediciosos, insurgentes —llámense erpianos, montoneros, mapuches, MTP, lo mismo da—, no debe ni puede actuar; porque siempre su accionar va a ser calificado de “represión” y, más aún, de “represión ilegal”, y los que lleven adelante esa acción estatal tienen como destino ineludible la cárcel.

Si un Estado democrático ante la presión ilegal de grupos insurgentes no puede ejercer el monopolio de la represión legal, la sociedad está inerme, desamparada y abandonada ante los violentos, por una clase dirigente atada de manos por perceptibles nudos ideológicos. El “setentismo” nos dejó sin Fuerzas Armadas y el “garantismo”, sin seguridad interior.

Resulta ilustrativo recordar lo que afirmaba el jefe de la inteligencia montonera, Rodolfo Walsh, al respecto: “Sobre derechos humanos, queremos agregar que (…) forman parte de una política del imperialismo, que aprieta con dos pinzas: la económica y la de los derechos humanos, para mejor someter a nuestros países. Los mandan a matar y después aprietan. Además, ahora van a institucionalizar los derechos humanos, creando comisiones dirigidas por ellos, para regular las denuncias como mejor les convenga”.

En la Argentina, la política ha sido la continuación del pensamiento mágico revolucionario por otros medios, menos violentos, pero igual de descabellados y sus resultados están a la vista: injusticia, inseguridad, corrupción, estancamiento, inflación y pobreza.

No puede sorprender entonces que, mientras una parte de los argentinos se horroriza ante la perspectiva de que un a priori anatemizado como “ultraderechista” Jair Bolsonaro sea nuestro destino político próximo, otro sector de la población se estremezca con la posibilidad cierta de que, a la vuelta de la esquina, nos esté esperando un tirano tardíamente desenmascarado como Nicolás Maduro, ya que ambas constituyen alternativas reales. Resulta primordial para nuestra sociedad volver a la verdad histórica y terminar con el relato.

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