24 de marzo: el “golpe de la mala memoria”. Por Guillermo MacLoughlin Bréard

Muchos políticos permitieron el golpe militar de 1976

            Distinta hubiera sido la historia de nuestro país de haber triunfado las gestiones que se llevaron a cabo para mantener la legalidad. Me refiero al pedido de juicio político a la entonces presidente María Estela Martínez de Perón, propiciado por la bancada de la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO), al amparo del artículo 45 de la Constitución Nacional.

            La misma se planteó en medio de un contexto político y económico por el que atravesaba el país, exacerbado por las divisiones internas del justicialismo y del sindicalismo y el accionar de las fuerzas ilegales. Ya, para entonces, medio millar de personas habían sido asesinadas por el terrorismo peronista de la Triple A y el ERP y Montoneros ya habían perpetrado más de 7.000 atentados, con infinidad de muertos inocentes, lo que a las claras demuestra, en forma indubitable, que la violencia tuvo su origen mucho antes del 24 de marzo de 1976,  en pleno gobierno constitucional.

            Este contexto obró de sustento para quienes, en una actitud responsable, quisieron mantener la legalidad, forzando la separación o renuncia de la titular del Ejecutivo y su reemplazo por el entonces presidente provisional del Senado, Dr. Italo A. Luder, quien ya había ocupado interinamente la primera magistratura.

            Con un muy bien fundado proyecto de resolución redactado por el diputado correntino Ricardo Balestra (Pacto Autonomista Liberal) y por su colega mendocino Francisco J. Moyano (Partido Demócrata), éste último, quien presidía el bloque que reunía a los partidos provinciales, presentó el mismo suscripto por todos los integrantes de esa bancada, solicitando el juicio político por la causal de mal desempeño en sus funciones, fundado en un accionar inconstitucional e ilegal –como las numerosas intervenciones federales por decreto, la supresión del hábeas corpus o los reiterados atentados contra la prensa- así como en una gestión inmoral –el caso del cheque presidencial destinado a la Cruzada de Solidaridad Justicialista o la designación de López Rega en el servicio exterior-. A ello se sumaban numerosos otros cargos por omisión que, en total, llegaron a 31 imputaciones. Erróneamente, en diversos ámbitos, se la señala a la diputada María Cristina Guzmán (Movimiento Popular Jujeño), como la única autora del proyecto cuando, en realidad, ella, junto con los diputados Balestra y Agustín Estigarría (Movimiento Federalista Pampeano) fueron los encargados de difundir la iniciativa que pretendemos rescatar hoy de un olvido parcial.

            Mientras tanto, se sucedían en el país distintos pronunciamientos. Por un lado, los “ultraverticalistas” proclamaban la reelección de la viuda del general Perón, mientras sectores sindicalistas se quejaban del “entorno” que rodeaba a Isabelita, en clara alusión a José López Rega. El bloque justicialista se había fracturado entre verticalistas y “grupo de trabajo”, y uno de los referentes de este último, el diputado Luis Sobrino Aranda, exigía la renuncia de la Presidente de la Nación.

LEÉ TAMBIÉN:  Sobre el otro terrorismo de estado. Por Roberto Cachanosky

            Distintas expresiones políticas y empresariales también apelaban a la responsabilidad de la dirigencia política, a fin de evitar un quiebre institucional que se avecinaba inexorablemente ante la falta de respuestas concretas. El Partido Demócrata Progresista emitía un documento donde expresaba que “la incapacidad de la Sra. de Perón para gobernar ha quedado definitivamente demostrada” y que su permanencia en el cargo “sólo servirá para agudizar vertiginosamente la honda crisis que atraviesa la Nación. Si ella no facilita con su renuncia una solución, puede llevarnos por canales de imprevisibles consecuencias futuras”. Por su parte, la Federación Agraria, presidida por Humberto Volando, exhortaba al Congreso Nacional “a escribir la página de la historia que la grandeza del país le exige: la aplicación del remedio constitucional previsto en el art. 45 de la Carta Magna”. A su vez, Conrado Storani, dirigente radical afín a Raúl Alfonsín, manifestaba: “La investidura presidencial se encuentra seriamente lesionada”, y anunciaba: “El Movimiento de Renovación y Cambio de la UCR, que integro, no cree, como el doctor Ricardo Balbín, que se tenga que llegar de cualquier forma a 1977, sino que, por el contrario, el radicalismo debe formular una gran convocatoria”.

            Se vivían tiempos de febriles negociaciones, donde intervenían políticos, militares y sindicalistas. El denominado “Grupo de Trabajo” había comprometido su apoyo para lograr los dos tercios necesarios para la votación en la Cámara de Diputados. El radicalismo, comandado por Balbín, se mostraba vacilante, pero triunfó internamente –por un voto- la posición de Alfonsín, proclive al juicio político. Parecía que se llegaba a una solución institucional; pero hubo un hecho que acabó con la misma: el senador Luder manifestó que “no haría nada en contra de su partido ni de la C.G.T”, renunciando, de esta manera, a darle una respuesta a la continuidad de la institucionalidad. No entendió el fondo del asunto; no se quería cercenar al peronismo gobernante, sino que se quería salvar a la democracia.

            Las cartas estaban sobre la mesa. El diputado Moyano, solicitó la sesión especial para tratar el proyecto de juicio político, la que tuvo lugar la noche del 25 de febrero de 1976. Además de la FUFEPO y de la U.C.R., apoyaron la iniciativa las bancadas de Línea Popular, Unión Conservadora y el bloquismo sanjuanino. El “Grupo de Trabajo” faltó a su compromiso original y no se alcanzó los dos tercios.

LEÉ TAMBIÉN:  El último discurso ante el Congreso: Cristina, fiel a sí misma - Por Rosendo Fraga

            Lo que siguió es historia conocida. Continuó la descomposición y el caos, y el broche fue el conocido mensaje de Balbín, donde dijo que “no tenía soluciones”. El golpe cívico-militar tuvo lugar el 24 de marzo –hace cuarenta y tres años- y, contrariamente a lo que se viene ocultando sistemáticamente, no fue sólo un golpe militar. Una amplia mayoría silenciosa de argentinos –aunque hoy digan lo contrario- vieron, en su momento, al golpe como una salida para el país. Prueba de ello es que, hacia 1979, 310 intendentes provenían de las filas del radicalismo y 192 del peronismo, mientras que 325 pertenecían a distintas fuerzas políticas (Demócratas Progresistas, MID, partidos provinciales, Democracia Cristiana, Intransigente, Socialistas),  representando casi la mitad de las 1697 intendencias del país. Además, durante el proceso militar, distintos dirigentes políticos, de las más diversas orientaciones, a título personal, ocuparon ministerios, embajadas o gobernaciones, entre otros cargos. A todos los animaba la esperanza de un pronto retorno a la democracia. El Dr. Moyano, a la sazón asesor político del general Videla, encabezaba ese movimiento, que tenía el visto bueno del presidente, pero la oposición de los integrantes de la junta militar y, en especial, del almirante Massera. Si se hubiese convocado a elecciones después del Mundial de futbol, las fuerzas moderadas hubiera gravitado de otra forma; pero esa es otra historia.

            En definitiva, a más de 40 años del último golpe cívico-militar, rescatemos a unos y a otros. A aquellos que quisieron mantener la legalidad ante lo inevitable, y a otros que no supieron estar a la altura de las circunstancias. De haberse aprobado el juicio político, la Sra. de Perón hubiera renunciado o habría sido destituida…., se hubiera evitado el golpe de estado….. y otra hubiera sido la historia. Seguramente, en 1977, el peronismo hubiera sido derrotado en las urnas. Por distintas mezquindades, muchos políticos no permitieron la salida constitucional.

            Y ya en 2019 es necesario terminar con las divisiones que tanto daño causa a los argentinos, pero debe conocerse la verdad, la verdad completa, no la media verdad que se enseña en los colegios y que deforman la mayoría de los medios de comunicación. Sólo con la verdad se podrá cerrar las heridas.

El autor es dirigente del Partido Demócrata y ha sido presidente

de la Juventud de  la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO).

 

Más en Guerra Antisubversiva, Opinión y Actualidad, terrorismo
Vicente Massot, López Murphy y Cachanosky debaten sobre contexto nacional

https://www.youtube.com/watch?v=zq0tHEFnWu4 economiaparatodos.net

Cerrar